El pleno del Consell de la Generalitat Valenciana ha aprobado un decreto ley en materia de prestación farmacéutica y ortoprotésica que, según los cálculos del ejecutivo valenciano, supondrá un ahorro anual estimado de 300 millones de euros. El descenso en la factura farmacéutica (en enero se registró una disminución del 15% respecto a 2012) no es suficiente para el Gobierno autonómico, que explora fundamentalmente nuevas vías para ajustar aún más las cuentas públicas. La revisión de tratamientos para conseguir la prescripción más adecuada y la optimización de una central de compras son sus puntales. «Buscamos la sostenibilidad del sistema y la máxima eficiencia», ha señalado Manuel Llompart, actual conseller de Sanitat, que ha anunciado que se darán «incentivos» a los profesionales que cumplan con este decreto.
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