PIMEC y la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) consideran que a medida que se producen avances en el control y detección de la covid-19 hay que trasladarlos con la máxima celeridad a las actividades sociales y empresariales. No obstante, las entidades entienden que, como paso inicial, se tienen que completar los procesos de verificación que, bajo la dirección del Departament de Salut, se están realizando en diferentes laboratorios del sistema sanitario catalán de estas pruebas para garantizar que permiten detectar la enfermedad con seguridad, sin errores, en todos los entornos de infección y a un precio muy asequible.
La patronal de la pequeña y mediana empresa y autónomos de Cataluña (PIMEC) celebró el 26 de junio la primera reunión de la Junta Directiva posterior a la ratificación del presidente de la entidad, que aprobó por unanimidad la configuración de los restantes nuevos órganos de gobierno de PIMEC, propuestos por el presidente, Josep González.
PIMEC, la patronal que representa las micro, pequeñas y medianas empresas y autónomos de Cataluña, ha pedido una moratoria en la aplicación del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) para pymes y autónomos, que entra en vigor el próximo 25 de mayo. Argumenta para ello que un 75% de las pymes catalanas aún no han adoptado las medidas necesarias para cumplir con este nuevo Reglamento.
Las entidades sanitarias y sociosanitarias acumulan una nueva factura sin cobrar, la del mes de noviembre. Son 380 millones más que se suman a una deuda que supera los 2.000 millones de euros. Una vez que la Generalitat se ha mostrado dispuesta a cumplir con las condiciones exigidas, reclaman que el FLA extraordinario abone el 16 de diciembre, sin demora, tal como anunció ayer el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
«Hablamos de personas, de su bienestar, y de un incumplimiento reiterado de la legalidad vigente». Con esta contundencia se ha expresado esta mañana Antonio Cañete, secretario general de PIMEC, en la rueda de prensa que han convocado ocho entidades del sector salud, farmacéutico y de la dependencia para expresar una queja conjunta contra los impagos de las administraciones de la Generalitat de Catalunya y del Estado, que están poniendo en riesgo la prestación de servicios básicos y de derechos irrenunciables de los ciudadanos.