La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, avisó ayer que su departamento buscará un «resquicio legal» a la previsión del Ministerio de Sanidad de impedir rebajas en el precio industrial de los medicamentos a no ser que las mismas se hagan en todo el territorio nacional, lo que entraría en conflicto con la subasta de medicamentos aprobada en Andalucía –aunque recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional–, al objeto de «seguir manteniendo esta política que nos permite un ahorro a las arcas públicas de 220 millones de euros».
Sólo cuatro laboratorios, de los once que en un principio estaban citados en la sede del SAS para formalizar sus contratos de adjudicación del primer concurso público de licitación de fármacos –subasta de medicamentos– de Andalucía, acudieron finalmente al acto de firma, según precidaron fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero.
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