No falla. Cada mañana, al abrir la farmacia, acuden unas cuantas. Debo reconocer que no es algo exclusivo de ellas, que algún señor mayor aparece pidiendo lo mismo, pero ellas son más. Lo digo, no en su demérito, para señalarlas una vez más de modo peyorativo ante la sociedad, sino para subrayar que son las mujeres quienes más padecen este problema: depender de las benzodiazepinas para poder conciliar el sueño.
Resulta, además, un tanto paradójico que vengan a primera hora de la mañana para buscar algo que van a necesitar por la noche. Una paradoja coherente con el mundo paradójico donde vivimos, en el que quienes siempre detestaron la libertad han acabado por desfigurarla para hacerla su competencia exclusiva; o, por añadir otro ejemplo, en el que quienes odian los nacionalismos periféricos han convertido el centro y sus barrios exclusivos en un nuevo imperio en el que jamás se pone, ya no el sol, sino el bocata de calamares. Pero ésa es otra historia.
El consumo de psicofármacos ha aumentado de manera alarmante en los últimos años y de manera especial en las mujeres. Aproximadamente el doble de mujeres que de hombres son diagnosticadas de enfermedades mentales y, a pesar de que ellas preferirían otras terapias diferentes a las farmacológicas para tratar sus problemas, acaban siendo medicalizadas por profesionales de la salud que tienden a trivializar los problemas que afectan al género femenino. Acaban así presas de la dependencia a las benzodiazepinas, a los inhibidores de la recaptación de la serotonina, a los antiepilépticos y a otros medicamentos que tratan esos problemas de diagnóstico difuso como son la depresión, la ansiedad, la fibromialgia y otras patologías próximas, para las que la única respuesta de los sistemas sanitarios es la medicalización.
Garantizar el derecho a la salud de las personas es cada día más complejo. Lo es porque gozar de ella tiene connotaciones que podríamos llamar clínicas, pero también sociales y políticas. Desde hace años, todos los partidos políticos que han accedido a responsabilidades de gobierno han repetido siempre el mismo mantra: nuestro sistema sanitario es uno de los mejores del mundo, o el mejor si el orador se viene arriba. Sin embargo, y a pesar de que en términos relativos dicha afirmación pudiera no estar demasiado alejada de la realidad, en términos absolutos, entendidos éstos como la posibilidad de aplicar mejoras con los recursos existentes, esto deja de ser verdad y se convierte en una excusa para no introducir los cambios necesarios que pudieran precisar, en términos contables, aumentar los presupuestos sanitarios. Y digo «términos contables» en la forma en la que se hacen las cuentas, porque tan cierto como eso es que, si la población alcanzase un mayor nivel de salud, sería más que probable que las inversiones en coberturas sociales, como las resultantes de las bajas laborales por enfermedad, disminuirían. Es lo que tiene la contabilidad, que habla de números y no de personas.
La pandemia por COVID-19 va a sacar a la luz un aumento enorme de problemas de salud mental y la necesidad de contar con profesionales como los psicólogos que ayuden a superar esos problemas, de modo que no sean los medicamentos los que al final cronifiquen la patología. El medicamento ha de ser un recurso, no el recurso. Y los farmacéuticos también deberíamos defender eso. Aunque creamos de forma tan egoísta como cortoplacista que medicalizar nos beneficia, al final la pasividad y la dejación de responsabilidades acabarán por destruirnos como profesión.
