El Tribunal Superior de Justicia ha acogido la tesis de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), quien considera que el artículo 4.1 del Decreto 92/2019 del Gobierno de Aragón que obliga a que los centros sociales de cien o más camas dispongan de un servicio de farmacia propio, o depósito vinculado de medicamentos, es «contrario al derecho estatal y, por tanto, debe ser anulado».
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