Los manifestantes han reivindicado el derecho a la libre elección de tratamiento médico y, más en concreto, al empleo de la homeopatía. «No necesitamos la protección de asociaciones como la APETP, somos mayores de edad y sabemos perfectamente en qué consiste la homeopatía y cuáles son sus limitaciones, del mismo modo que conocemos las de la medicina convencional», ha señalado Angélica Pérez, presidenta de la Asociación Canaria de Usuarios y Amigos de la Homeopatía, que ha asistido a la manifestación en Santa Cruz de Tenerife.
En las protestas, los usuarios han recalcado que los médicos que les atienden, como el resto de los facultativos, están sujetos a su código deontológico que dice en el Artículo 12. 1. que «el médico respetará el derecho del paciente a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, sobre las opciones clínicas disponibles». «No hay lugar a interpretaciones, es nuestro derecho», ha añadido Susana Otero, secretaria de Similia País Vasco, durante la concentración en Bilbao.
Los manifestantes han hecho hincapié en que son víctimas de una campaña de acoso y difamación por el mero hecho de elegir terapias complementarias como la homeopatía que, de acuerdo con la última encuesta de la FECYT, siguen gozando de un gran respaldo por parte de la sociedad española. El sondeo sobre la percepción social de la ciencia revelaba que, al menos, ocho millones de españoles adultos utilizan terapias naturales.
Plataforma estatal
Los usuarios concentrados este sábado han decidido unir sus fuerzas y constituirse en una plataforma estatal que aúna los esfuerzos de las asociaciones de pacientes de homeopatía de Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Madrid, Navarra, y el País Vasco y de las asociaciones en formación de Baleares, Cantabria y Galicia.
Los colectivos que se integran en la recién nacida Plataforma Estatal de Asociaciones de Pacientes de Homeopatía (PEAPH) han previsto, entre otras acciones, dirigir una carta al Defensor del Pueblo solicitando su intervención y protección ante la actitud «coercitiva e impositiva» de los ministerios de Sanidad y Ciencia contra este método terapéutico. De hecho, la asociación madrileña ya ha registrado la carta en la Oficina del Defensor del Pueblo.