Y añade que, de confirmarse en todos los términos que se están conociendo en las últimas horas por diferentes fuentes, «significa ratificar lo que la Junta de Andalucía viene defendiendo desde la aprobación del Decreto Ley de Medidas Urgentes en Farmacia en diciembre de 2011 y la posterior convocatoria de la primera selección pública de medicamentos en febrero de 2012».
Por ello, concluye que la medida andaluza es, por tanto, «una medida legal y plenamente constitucional, sin invadir competencias del Estado».
En la misma nota se dice que «el Gobierno de España ha puesto todos los obstáculos posibles a esta medida de eficiencia desde su implantación, llevándola ante el Tribunal Constitucional en dos ocasiones y contra la que ha planteado numerosos recursos para su paralización. Han sido más de 50 los procedimientos judiciales presentados por parte del Estado por la vía Constitucional y contencioso-administrativa contra esta medida de eficiencia de la Consejería de Salud, sin haber conseguido paralizarla.
Por ello, se afirma en el comunicado que «es hora de que el Gobierno del PP reconozca públicamente la legalidad de esta medida y que los miembros de su partido en Andalucía rectifiquen en sus numerosas críticas a esta medida».
La Consejería puntualiza que «de manera incoherente, el mismo Gobierno central ha querido implantar un mecanismo similar a la selección pública de medicamentos de la comunidad autónoma andaluza que, bajo la denominación ‘Sistema de Precios Seleccionados’, perseguía los mismos objetivos de eficiencia que la medida andaluza». Y añade que «la selección pública de medicamentos de Andalucía se desarrolla en el marco de la Ley de Farmacia de Andalucía y cumple con la Ley estatal de garantías y uso racional de medicamentos. Asimismo, se rige por las leyes del comercio. Permite dispensar en las farmacias los medicamentos prescritos libremente por los facultativos y autorizados por la Agencia Española de Medicamentos».
La Junta no desaprovecha la ocasión para afirmar que «hay que poner en valor que esta estrategia, además de un importante ahorro para el sistema sanitario público andaluz sin mermar la calidad del servicio prestado a los ciudadanos, permite que los usuarios tengan acceso siempre al mismo medicamento, con el mismo envase y la misma presentación, lo que facilita su identificación y, por tanto, la adhesión al tratamiento». Y respecto al ahorro asegura que desde 2012 se ha producido «un ahorro acumulado de alrededor de 413 millones de euros».