En este sentido, el presidente de la patronal que agrupa a todas las empresas de distribución farmacéutica de gama completa que operan en España, Eladio González Miñor, alerta de los perjuicios que puede causar no solo a los agentes que operan en la cadena de suministro sino, lo que es más grave, a los ciudadanos. «Una subasta de medicamentos causa mayores perjuicios a los operadores que ahorros obtiene el sistema y, sobre todo, pone en riesgo y compromete el correcto acceso de los pacientes a los tratamientos que necesitan», afirma.
González Miñor considera «un error» que se pudiese implantar un sistema de subastas a nivel nacional y se muestra en contra del propio concepto de subastar al mejor postor un bien de salud como son los medicamentos. «Tenemos experiencias que han puesto en evidencia que las subastas de medicamentos pueden derivar en graves problemas de abastecimiento de medicamentos. Extender este tipo de experiencias a nivel nacional es sumamente complejo y arriesgado, no solo desde el punto de vista económico sino en algo que nos preocupa mucho más: en términos de salud para los ciudadanos», indica.
Sobre este particular, el presidente de Fedifar se refiere al sistema de subastas que se implantó en Andalucía, en el que los problemas de abastecimiento que se han producido pudieron ser solventados acudiendo a las compañías farmacéuticas que no fueron adjudicatarias de las subastas. «En el caso de una subasta a nivel nacional sería muy complicado cubrir las faltas porque ninguna compañía que no participase en esa puja tendría un producto que no va a vender», resalta.
Asimismo, considera «innecesario» el sistema de subastas propuesto por la AIReF como una herramienta del control del gasto farmacéutico, ya que considera que el Gobierno tiene herramientas suficientes para llevar a cabo este control, tal como se ha venido haciendo. «El Gobierno dispone de herramientas más fáciles de implantar y menos dañinas para los agentes de la cadena del medicamento y para los pacientes que llegarían al mismo objetivo de ahorro», declaró. Se trata de herramientas como el modelo de precios de referencias, los precios notificados que recoge la Ley de Garantías…
Por último, González Miñor insiste en la necesidad de que las autoridades cuenten con los agentes que conforman la cadena de suministro de medicamentos a la hora de tomar decisiones que afectan a la salud de los ciudadanos. «Sería conveniente que nuestros gobernantes puedan tener toda la información necesaria para que puedan tomar las medidas adecuadas de cara a asegurar la sostenibilidad del sistema y, al tiempo, velar por la salud de los ciudadanos garantizando el acceso a los medicamentos que necesitan en condiciones de equidad, calidad y seguridad», afirma.