En los últimos años hemos asistido a un gran número de manifiestos, congresos y reuniones en los que se han hecho todo tipo de declaraciones y pactado acuerdos y proyectos muy bien intencionados todos ellos –algunos lógicamente más acertados que otros–, pero que chocaban con la misma realidad. La mayoría de las competencias en el mundo de la farmacia son autonómicas, y la legislación básica incumbe a normas en gran parte relacionadas con la naturaleza jurídica de la oficina de farmacia y con algunos preceptos básicos que regulan nuestra ordenación farmacéutica. Al margen, claro está, de las competencias sobre el medicamento.
Si analizamos los últimos ejemplos, proyectos de ley como el de la Comunidad de Madrid, el de Galicia, el modelo de prestación a residencias en el País Vasco, los numerosos problemas que han creado las iniciativas del Gobierno de la comunidad valenciana en la pasada legislatura, e incluso las subastas de Andalucía, conforman un panorama en el que la asunción de sus competencias genera disfunciones y desigualdades en la interpretación que de ellas hacen los diversos gobiernos autónomos, al no existir un sustrato regulatorio a escala nacional que articule con claridad el fondo de esos proyectos.
Estamos ante la posibilidad de negociar con un gobierno sin mayoría absoluta –que es lo que ha dictaminado el último proceso electoral–, y por tanto obligado a conformar criterios consensuados que garanticen su mayoría sobre una serie de regulaciones que doten a nuestro modelo farmacéutico de los instrumentos necesarios para adecuarse a los nuevos desafíos que conlleva la prestación farmacéutica requerida por nuestra sociedad.
Algunos temas son ya de imperiosa necesidad:
- Una regulación a escala estatal del nuevo espacio digital que se crea en torno a la oficina de farmacia.
- Una atención domiciliaria en la que el farmacéutico tiene que estar presente, porque la sociedad lo reclama con leyes como la de dependencia, que exige que el trabajo del farmacéutico no termine cuando el paciente sale de nuestros establecimientos y que haya un seguimiento farmacoterapéutico que desarrolle plenamente la capacidad asistencial de las farmacias.
- La atención a los residentes, que debe conllevar una claridad en cuanto a lo que puede o no desarrollar nuestro espacio asistencial en torno a su condición de pacientes, por supuesto respetando la capacidad de las administraciones públicas en su intento de que esa prestación tenga la mayor calidad posible con un coste que la haga financieramente viable.
- La vuelta de muchos medicamentos hospitalarios a la farmacia, que salieron de ella sin una justificación terapéutica, probablemente sólo por motivos económicos.
- La revisión de iniciativas de tanto calado como las subastas de Andalucía, que han creado un principio de desigualdad entre pacientes de una u otra comunidad autónoma que, razonablemente, nunca debería haberse producido.
Todas estas cuestiones configuran realidades que conviene regular a escala estatal a través de una legislación básica, operativa y acorde con nuestra realidad social, que permita a las autonomías tener un marco regulado con una capacidad de maniobra suficiente para que puedan desarrollar esos preceptos al nivel de las competencias que poseen.
No debemos seguir asistiendo a hechos tan sorprendentes como los que se producen con legislaciones autonómicas que regulan normas que en otras no se consideran, al entender ilegal su desarrollo, atendiendo a las interpretaciones que se hacen de realidades a las que hay que dar respuesta. Todo ello se produce, sin duda, por la falta de una regulación básica, que es necesario desarrollar al hilo de las propias demandas que la sociedad ha ido generando.
Por tanto, debemos aprovechar esta situación. Los gobiernos de coalición o de «geometría variable» probablemente deberían resultar más proclives a la negociación y al acuerdo que los que usualmente hemos tenido de mayorías absolutas.
Aunque lo mas complejo va a ser que la profesión farmacéutica, de forma comprometida, vaya desarrollando sus alternativas a todos estos problemas. De nuestra capacidad va a depender que estas alternativas sean viables políticamente, en la medida en que en ellas se comprometa toda la profesión.
Porque no es sólo una cuestión de política farmacéutica en el ámbito del medicamento. Es la respuesta que una profesión que quiere comprometerse con las nuevas necesidades debe dar a una sociedad cambiante, que no se parece en nada a la que existía cuando nuestra legislación básica fue promulgada hace ya muchos años.
Entiendo que es un camino difícil, pero debemos recorrerlo juntos, olvidándonos de sentarnos encima de nuestras competencias institucionales, reactivando liderazgos y colaborando con el resto de entidades que conforman nuestra sociedad farmacéutica.
La confusión actual en cuanto a la actuación ante las nuevas realidades sociales por la vía de las iniciativas regulatorias que estamos conociendo no va a dotar de la solidez necesaria a nuestro modelo farmacéutico. De modo que la imprescindible tarea de comprometernos en la asunción de alternativas que den respuesta a estos problemas es un reto pero, sobre todo, una necesidad.
Ahora es buen momento para trabajar en ellas y plantearlas cuando tengan consenso suficiente, porque los gobiernos del futuro –seguro que ya el próximo– tendrán que hacer de la negociación y el consenso sus armas más eficaces para conformar la confianza de la sociedad. Y ahí el mundo de la farmacia tiene su gran oportunidad.