Existen pocas cosas que se toleren menos que pretender ser el protagonista en un entierro y no ser el muerto, por lo que no sería muy inteligente por mi parte hacer grandes aspavientos ni rasgarme las vestiduras en un país sumido en una profunda crisis económica y que a golpe de déficit está descubriendo la necesidad de iniciar una segunda transición que desenrede el entuerto del «café para todos», un país que no es capaz de ofrecer trabajo a más de cuatro millones de ciudadanos y con muchos sectores de la economía sufriendo por su subsistencia, aunque los numerosos recortes que las farmacias vienen soportando estos últimos años, a los que ahora se añaden las dificultades en el cobro de la factura de medicamentos financiados por el SNS en diversas comunidades autónomas, son realmente dolorosos para los farmacéuticos y el dolor que más se siente es el que sufre uno mismo.
En este país más del 85% de los medicamentos que se utilizan están pagados por los presupuestos públicos, por lo que las farmacias sufren los efectos de la crisis –además del retraimiento del consumo en general– por los reiterados recortes, tanto los que afectan al precio, como los que lo hacen sobre el margen, así como por la puesta en marcha de políticas de prescripción enfocadas a la elección del medicamento con precio inferior. Con estas premisas es fácil prever que el camino que nos queda por delante transcurre por una cuesta pesada y exigente, por lo que tampoco nos conviene menospreciar esta situación si no queremos ser tildados, con razón, de tener una actitud manifiestamente ilusa. El sector farmacéutico hace más de cinco años que está inmerso en este escenario y las últimas novedades acaecidas este mes de agosto confirman que no va a existir una salida rápida del túnel.
Es preciso señalar que la gran preocupación y descontento del sector por esta presión reiterada se han visto agravados en el último trimestre por los incumplimientos de los plazos de pago que muchas farmacias de distintas comunidades autónomas están sufriendo. Solo cabe calificar estos incumplimientos de irresponsabilidades políticas de los encargados de gestionar las cuentas públicas (los impuestos de todos), que además, en un sector de empresas pequeñas como el de las farmacias, pueden tener efectos irreparables.
Una vez descrita la situación, y para no caer en la tentación de un desmesurado afán de protagonismo que puede provocar rechazo social por un exceso de victimismo, es importante insistir en la necesidad de que la nueva situación económica que se está dibujando y desgraciadamente consolidando genere nuevos planteamientos políticos que permitan al sector afrontar una situación que está ahogando a la red sanitaria farmacéutica que presta un servicio altamente valorado por la ciudadanía, y que a la vez constituye un sector empresarial de pequeñas empresas privadas que genera ocupación y que ha permitido externalizar eficientemente un servicio público como es la dispensación de medicamentos.
La situación actual no es compatible con la limitación impuesta de la capacidad de negociación de las farmacias de sus condiciones de compra de medicamentos, y menos aún si se impone la prescripción por principio activo, ni lo es con las restricciones excesivas de las posibilidades de rentabilización de los establecimientos de farmacia, ni con ordenaciones que favorezcan un minifundismo sin sentido y que limiten las posibilidades de incentivar farmacias más eficientes y competitivas. Es imprescindible encontrar vías que permitan mantener una calidad de servicio como la actual y que ofrezcan salidas a la viabilidad del sector más allá de la mera subvención, que solo puede ser un parche circunstancial.
No deberíamos caer en un pecado de omisión y hemos de ponernos manos a la obra si no queremos que la penitencia nos la impongan los dioses que viven en el nuevo Olimpo de los mercados, que ya sabemos como las gastan.
Creo que el momento también es oportuno para aprovechar este espacio de la revista para manifestar dos preocupaciones que van más allá de las propias y exclusivas de las de las farmacias.
Es preocupante observar como los anuncios de medidas reiteradas sobre los medicamentos trasladan a la ciudadanía la idea de que los medicamentos son una mercancía de la que solo es importante el precio. Los responsables políticos no deberían perder de vista que los medicamentos son un potente instrumento terapéutico que debe ser valorado primordialmente por su eficacia a la hora de curar o paliar enfermedades y que a su alrededor se genera una energía, industrial, investigadora, y emprendedora que es parte importante de la generación de riqueza del país. Buscar fórmulas que puedan medir esta eficacia y cómo incentivarla debería ser uno de los temas fundamentales del imprescindible debate sobre la financiación pública de medicamentos. Establecer una financiación selectiva de medicamentos mediante sistemas de copago basados en valoraciones objetivas realizadas por agencias independientes sería un sistema capaz de frenar tanto la oferta como la demanda de las opciones terapéuticas menos efectivas.
Otro de los mensajes que generan confusión es asimilar el importe de la factura de los medicamentos con fondos públicos con el coste del servicio farmacéutico concertado y que este es muy caro.
La realidad es que el modelo de prestación farmacéutica en España se basa en un contrato entre el SNS con las 22.000 farmacias españolas y que estas reciben por el servicio aproximadamente el 22% del importe de la factura pública que, a su vez, representa más del 80% de su facturación total. Las farmacias son pequeñas empresas privadas que contratan de media a tres personas, que realizan labores profesionales asociadas a la dispensación y al asesoramiento del uso de los medicamentos y sus propietarios gestionan el mantenimiento de los establecimientos, la logística del medicamento.
Sin tener claros estos conceptos y sin resolver el origen de todos los males que es la insuficiente dotación presupuestaria para el catálogo de servicios sanitarios ofrecidos, solo podemos esperar cataplasmas que aparte de ineficientes tienen graves efectos secundarios.