Enrique Granda
Director del Observatorio de la FEFE
De entrada, que nadie se asuste. La posibilidad de usar la receta electrónica como medio de pago es una realidad a la que nos lleva inexorablemente la tecnología. De esta forma, cualquier dispensación al Sistema Nacional de Salud podría cobrarse de forma instantánea, usando el pulmón financiero de la banca.
Nuestro país ha estado siempre a la cabeza de la tecnología, comenzando con la informatización de todas las recetas del sistema público, algo que todavía muchos de los más adelantados no han conseguido. Ahora nos falta dar un paso más, cuando la receta electrónica está ampliamente implantada: usar sus potencialidades no sólo para incrementar nuestro propio control y ofrecer un mejor servicio profesional, sino también para resolver de forma definitiva los problemas financieros que conlleva no cobrar puntualmente las recetas.
Las preguntas que surgen ante este nuevo sistema de facturación y cobro son las que pretendo despejar a continuación, comenzando por la primera: ¿es más económico este sistema? La respuesta es sí, ya que el cargo por tarjetas va a ser fijado en la Unión Europea con unos máximos del 0,3 o el 0,4%, dependiendo de si la operación es a crédito o a débito. No hay que olvidar que el actual sistema de facturación tiene un coste muy diferente dependiendo de los Colegios, y que puede estimarse en más de 30 millones de euros anuales.
La segunda pregunta se refiere al coste para los usuarios y las administraciones públicas, y en este caso hay que afirmar que resultaría absolutamente neutro para los usuarios y también para las administraciones, siempre que pagasen en los plazos establecidos en la Ley de Morosidad, es decir, a 30 días. El coste financiero del plazo normal de pago lo asumiría el farmacéutico, pero aun así sería inferior al actual, con la ventaja del coste de oportunidad de contar con el dinero de la venta de forma inmediata.
La tercera pregunta podría referirse a las modificaciones legales necesarias para implantar el sistema, y sus posibles efectos en la protección de datos. La respuesta es que no serían necesarias modificaciones legales ni siquiera en el régimen de conciertos, y que no habría ninguna posibilidad de incumplir la protección de datos, ya que las transacciones serían exclusivamente por código y cantidades económicas.
Finalmente, y ésta sería la pregunta más importante para los Colegios: ¿cuál sería su papel en este sistema? Y la respuesta es que tendrían el mismo papel en el manejo de la información sanitaria, el cálculo de las deducciones y descuentos, así como en los aspectos de control y negociación de los Conciertos en lo que se refiere al contenido de la prestación farmacéutica. La pérdida del sistema actual de facturación y pago requerirá una cierta reconversión, pero pienso que no pueden negarse si realmente están al servicio de los colegiados.
Hay una última consideración que se refiere al resto de la cadena farmacéutica: si las farmacias cobran de forma inmediata, el resto de la cadena se beneficia, comenzando por la distribución (que se vería libre de impagos) y, por supuesto, la industria.
Como toda iniciativa novedosa, todavía producirá miedo, aunque estoy seguro de que los tiempos nos llevarán por este camino y se acabará implantando como cualquier tecnología que beneficia a la mayoría.
Francesc Pla
Vicepresidente del COF de Barcelona
Uno de los vicios más habituales del sector, contra el cual intento luchar con todas mis fuerzas intelectuales, es el de prejuzgar los argumentos de cualquiera dependiendo de su supuesta afiliación. Una práctica que lo único que impide es el debate sereno y, por tanto, un avance más rápido del sector en un entorno que avanza con velocidad de vértigo. No soy de los que me arredro con facilidad delante de una propuesta novedosa, y mucho menos si ésta se refiere al ámbito de las tecnologías en el mundo de la farmacia y aún menos si tiene que ver con la receta electrónica, ámbito al que he dedicado y dedico buena parte de mis horas en la corporación farmacéutica.
Por las razones que he expuesto, he leído con sumo interés la propuesta presentada por la consultora Vinces Consulting por encargo de la FEFE. La propuesta SEFACO (Sistema Eficiente de Facturación y Cobro) describe un sistema que tiene el atractivo objetivo de que los farmacéuticos cobremos al contado el importe de lo dispensado a cargo del Sistema Nacional de Salud. No voy a poner peros a este objetivo, cualquier profesional o empresario desearía que éste fuera el escenario financiero en el que desarrollar su actividad profesional o empresarial. Sin embargo, según mi opinión, el informe confunde algunas cuestiones y parte de algún dato erróneo.
Los sistemas de receta electrónica permiten una mejora del control de la prescripción y de la dispensación, además de posibilitar, de forma incipiente aún, actuaciones profesionales de la red de oficinas de farmacia, sobre todo y de momento en el ámbito de su relación contractual con el Sistema Nacional de Salud, pero no son instrumentos de facturación por ellos mismos. Es cierto que las estructuras técnicas que soportan receta electrónica pueden facilitar la optimización de los procesos de facturación –de hecho, la rebaja de los costes es sustancial en las comunidades autónomas en las que los sistemas están más desarrollados–, pero no podemos olvidar que el modelo de facturación depende de dos partes, del prestador del servicio y del que lo paga, lo que impide diseñar de forma unilateral el modelo de factura.
Por este motivo, independientemente del modelo de financiación del pago –que es otra cuestión muy distinta–, defiendo que es aconsejable que exista una organización que agrupe a todas las farmacias concertadas con el Sistema Nacional de Salud que ejerza estas funciones.
Parto de la base de que, en ningún caso, estos procesos de facturación deben ser un sistema de financiación adicional al de las cuotas correspondientes de quien está encargado de garantizar y elaborar esta factura –en nuestro modelo, los Colegios Oficiales de Farmacéuticos–, y de que su único objetivo en esta cuestión es ser garante, gestionar lo más eficientemente los procesos técnico-administrativos y agrupar a las farmacias de su ámbito para que puedan defenderse mejor en los conflictos frente al pagador.
Bajo esta premisa, creo que los costes del proceso administrativo de facturación –que no incluyen los costes de mantenimiento de las infraestructuras necesarias para los sistemas de receta electrónica, que en cualquier caso deben continuar costeándose– en ningún caso representarían una cantidad superior a los costes de financiación.
Los costes de un sistema eficiente de facturación de los 900 millones de recetas no deberían superar los 15 millones de euros. Ese objetivo, real y posible, es claramente inferior a los costes financieros que cualquier entidad querrá cobrar por adelantar el pago a las farmacias, en el supuesto de que asuma ese riesgo, pero eso es otra cuestión que desconozco porque, por las razones estratégicas que he intentado plasmar, ya ni me he planteado cuestionarme.
No es aconsejable confundir huevos con castañas, y como he intentado plasmar en este artículo los sistemas de receta electrónica y la facturación de la prestación farmacéutica es una cuestión, y la financiación de esa prestación, otra muy distinta.