Las 22.000 farmacias de España facturan 19.000 M€ anuales. De esa cifra, aproximadamente 15.200 M€ son medicamentos, incluidos los 2.300 M€ de medicamentos OTC. De ese global de medicamentos, 10.000 M€ se financian por el SNS. El resto de la facturación son productos más o menos propios de las farmacias, pero que no son medicamentos. Con el margen entre el coste y el precio de venta de esos productos se mantiene la estructura del sector, y los titulares/propietarios de las mismas obtienen su retribución final.
En general, el margen nominal de los medicamentos es del 27,9%, unos 4.250 M€. Este margen teórico sobre medicamentos está minorado por la existencia de un tope máximo de margen por unidad y también por distintos descuentos sobre los medicamentos facturados al SNS. El margen habitual de la parafarmacia ronda el 30%, lo que representa 1.000 M€. Por otra parte, podemos cuantificar extramárgenes y primas derivadas de la gestión comercial entre farmacias y proveedores por un importe global de unos 1.700 M€. Las sumas y restas correspondientes arrojan un resultado de un margen bruto final de las oficinas de farmacia de alrededor de 6.000 M€.
Desde hace dos décadas la factura farmacéutica por receta ha sido y es uno de los blancos a los que los gobiernos de turno han apuntado, ya sea minorando el precio del medicamento a través de descuentos o bien directamente disminuyendo el margen de los diferentes eslabones de la cadena farmacéutica. Sea el que fuere el método escogido, siempre acaba impactando negativamente en el margen bruto.
Después de unos años de cierta estabilidad, los globos sonda empiezan a aparecer y parecen anunciar un nuevo modelo de fijación de precios que supere el sistema actual de precios de referencia y una intervención sobre las primas que se generan en la negociación comercial entre farmacias e industria farmacéutica, especialmente en los medicamentos genéricos.
No son buenas noticias. La presión inexorable sobre esa factura debería ser suficiente para cuestionarse la conveniencia del actual modelo de retribución, basado exclusivamente en un margen sobre el precio del producto que se vende, y si éste responde adecuadamente a las características de un sector que está regulado por razones de índole sanitaria y que, además, presenta desigualdades en muchos aspectos y especialmente en el económico.
Defender un modelo regulado, basado en el carácter esencialmente sanitario de la farmacia y el valor añadido del profesional farmacéutico, debería conllevar necesariamente una reflexión sobre esta cuestión y sobre la incongruencia entre los objetivos buscados y los incentivos económicos recibidos. El sector debería esforzarse en cuadrar los números con las palabras, porque los números a palo seco pueden ser muy amargos.