No es novedad que en España se aprueben paquetes de normativas que afectan al sector farmacéutico a última hora de un ejercicio. Generalmente estas modificaciones se articulan a través de enmiendas a los presupuestos y son fruto de los equilibrios de última hora y de las negociaciones de los diferentes lobbies representativos del sector.
No debe extrañar, pues, que la regulación, o mejor dicho la desregulación, de los descuentos por volumen y pronto pago de los medicamentos genéricos se concrete a través de una enmienda en la tramitación en el Senado de los últimos presupuestos de la legislatura.
Una cuestión que tiene un impacto económico grande y las consecuencias que de ella pueden derivarse son múltiples y de valoración compleja.
No cabe duda de que reflejar en las leyes de forma clara y transparente la realidad de una relación comercial es lógico, es correcto y necesario. En estos momentos no es así, por lo que no cabe otra solución que modificar el desaguisado actual.
Ahora bien, cuando se analiza algún aspecto de las reformas legales que se están tramitando, uno no puede evitar pensar en que las consecuencias de su implantación, tal como está redactada la enmienda, pueden acarrear un incremento injustificado de la carga administrativa para el sector, aunque lo más preocupante después de su análisis es la sensación que se tiene de que el sistema propuesto busca la sistematización de unos datos que justifiquen un zarpazo más a las maltrechas economías de las farmacias.
Mucho nos tememos que la presión sobre la factura de farmacia va a mantenerse y que, además de todas las medidas que ya está soportando, se está cociendo alguna novedad con el mismo objetivo del que busca el sistema de subastas actual.