La más genuina forma de colaboración público-privada en la actividad sanitaria son los conciertos que mantienen las oficinas de farmacia con el Sistema Nacional de Salud (SNS) para garantizar la asistencia farmacéutica a los usuarios del SNS. Son conciertos a escala autonómica, que articulan un proceso de colaboración entre establecimientos sanitarios privados, como son las oficinas de farmacia, que gestionan una prestación para todos los ciudadanos vinculados a nuestro sistema de salud.
Pero en estos momentos algunos gobiernos autonómicos, por razones ideológicas, tienen por norma rechazar la colaboración con la sanidad privada en nombre de una presunta defensa de la sanidad pública, que no la necesita, porque es algo consensuado que el apoyo a ésta no tiene fisuras en nuestra sociedad, puesto que es una de las columnas vertebrales de nuestro «estado del bienestar».
La sanidad es gestión, y la gestión es eficiencia, utilizando todos los recursos que pone la sociedad a disposición de los gestores públicos de la mejor forma posible para garantizar el objetivo, que no es otro que alcanzar los niveles de calidad óptimos para que el ciudadano que necesita esa asistencia sanitaria se encuentre suficientemente protegido.
Nuestra Constitución, la propia Ley General de Sanidad, en su artículo 43, y la Comunidad Europea en su reconocimiento del derecho a la protección de la salud y la libertad de empresa, son marcos legales que indican que este cuestionamiento entre lo público y lo privado conculca una estructura jurídica que es la que garantiza ese derecho a la asistencia en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos.
Paradójicamente, España es el país europeo donde el aseguramiento privado en el campo de la sanidad es más importante. Casi un 30% de los ciudadanos españoles tenemos seguro privado de sanidad, y en el último semestre más de 500.000 personas han suscrito nuevos seguros sanitarios. Hay más hospitales privados que públicos, aunque el número de camas es menor en la sanidad privada, pero ya alcanza un 35% de todas las existentes. El gasto sanitario privado se aproxima a un 4%, distanciándose cada vez menos del público. Y en lo que respecta a los funcionarios públicos, que tienen posibilidad de elección de su asistencia sanitaria, el 85% eligen la sanidad privada como instrumento para garantizar sus necesidades en este campo.
Pero con ser todo esto problemático, y probablemente fuera de una realidad que la propia sociedad nos está indicando por dónde debe ir, no tienen menor importancia las trabas que se ponen en alguna de esas autonomías para que esta colaboración entre lo público y lo privado se convierta en algo fructífero para el sistema.
En Cataluña y Valencia hay proyectos de ley para que aquellas entidades con ánimo de lucro, es decir, las empresas, no puedan participar en concierto alguno relativo al campo sanitario. En Murcia se intenta «incompatibilizar» a los médicos que trabajan en la pública y en la privada. Y en varias autonomías, en las ofertas públicas de empleo se pretende que los méritos obtenidos en la gestión de la sanidad privada no sean tenidos en cuenta.
Si no fuera porque alguna de estas ideas parecen más bien surrealistas, uno podría pensar que algunas ideologías, en su empecinamiento por marcar distancias y peculiaridades, tienen la creatividad como única forma de gestión, cuando ésta tiene que realizarse con unos parámetros serios y rigurosos que garanticen unos resultados que sean medibles y comparables.
La financiación de nuestro sistema sanitario está vinculada a recursos públicos. Y la utilización de estos recursos requiere sentido de la responsabilidad, que es el que hace honorable el desempeño de las personas en las que democráticamente hemos depositado nuestra confianza. Si como consecuencia de actos inexplicables este sentido de la responsabilidad no está presente, el principio de confianza (que es esencia de un sistema democrático) falla.
Temas como el reconocimiento de la sanidad privada como parte de nuestro sistema de salud, o la utilización de ésta como complementaria, por la flexibilidad y elevado ahorro que aporta al sistema, la toma de decisiones basada en criterios medibles y transparentes alejándose de ideologías, y la no discriminación de entidades sanitarias con ánimo de lucro, conforman un marco de defensa y potenciación de la sanidad privada que beneficia claramente a lo público y tranquiliza a la sociedad en la medida en que ésta, mayoritariamente, no entiende de público y privado, sino de eficiencia o ineficiencia.
Sin embargo, para todo ello la interoperabilidad entre centro públicos y privados para simplificar procesos administrativos y generar ahorro de costes, o el incremento del número de profesionales médicos, flexibilizando la compatibilidad de estos profesionales, o la colaboración-implicación en la asunción de unidades de media estancia o curas paliativas, son algunas de las medidas que muchas veces se echan en falta, precisamente por ese empecinamiento en utilizar la ideología como arma arrojadiza entre lo público y lo privado.
El SNS de nuestro país es modélico, y por eso la responsabilidad de los que lo gestionan es que lo siga siendo, porque los ciudadanos lo necesitamos, y todos como sociedad lo exigimos. Y para ello la colaboración público-privada es el único instrumento que conozco que puede garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema.