Aún peor que estar sumidos en una crisis económica profunda es estar abrumados por la desesperanza. El hedor de la corrupción que aflora desde las cloacas más escondidas de los estamentos del poder y que perfuma a algunos de los que hemos otorgado la responsabilidad de representarnos en las instituciones y en los partidos políticos puede acabar de hundirnos en esta situación.
Es imprescindible que la transparencia y la celeridad sean protagonistas de las decisiones de nuestros representantes para evitar que las tensiones sociales que se están generando conviertan en estériles los grandes esfuerzos que se están exigiendo y porque, si no se toman, pueden llegar a amenazar con fracturas sociales irreparables.
El sector sanitario está sometido a una presión muy exigente que comporta recortes muy severos que están afectando tanto a los ciudadanos como a los profesionales de la sanidad. Asumir estas penurias es muy difícil de soportar, pero es absolutamente indigerible si los que proponen las medidas y legislan para que se apliquen no son ejemplares.
Es cierto que la exigencia no tiene que ser exclusiva de la clase política y que el comportamiento ético debe ser una aspiración para el conjunto de la sociedad, pero no es menos cierto que el papel de representación y la responsabilidad de los políticos y de las instituciones implican un grado superior de exigencia. La capacidad, la inteligencia, la honestidad y la generosidad deberían ser virtudes que dibujaran el perfil de nuestros políticos y unas de las claves por las que debería regirse el tribunal de las urnas. Un tribunal que, independientemente de la actuación de los jueces, está en nuestras manos.
No deberíamos caer en la tentación fácil de destruirlo todo para favorecer una supuesta regeneración del régimen, porque el riesgo de facilitar la entrada de falsos salvadores es enorme. Los que sean un estorbo para esa regeneración deben apartarse, o ser apartados por los que ostentan responsabilidades más altas, para hacerla posible, porque lo que nos estamos jugando es más importante que el interés partidista, legítimo, pero claramente secundario en la situación que vivimos.
El sector de las farmacias, que está claramente afectado por la grave situación que vive el país, tiene que ser tan exigente como el que más respecto a la clase política. Pero debe serlo también de puertas adentro. No es de recibo reclamar transparencia y rigor a los demás, aunque esos sean clase política, sin ser exigente con uno mismo. La función de dispensación de medicamentos a los pacientes ambulatorios está reservada a la farmacia, pero en ningún caso esta posición puede ser una excusa para actividades alejadas de esta función. La venta de medicamentos a otros sujetos que no sean el usuario final, o a un servicio de farmacia hospitalaria, es un coto vedado para la farmacia. La política de precios en nuestro país genera diferencia de precios, de márgenes, respecto de otros mercados que pueden ser muy tentadores, pero precisamente de la necesidad de ignorar esas tentaciones es de lo que hablamos cuando hablamos de corrupción. ¿No?