Merece la pena analizar el caso particular de los convenios colectivos de oficina de farmacia en Cataluña. En esta comunidad autónoma no se rigen por el convenio de ámbito estatal: la provincia de Barcelona cuenta con uno propio desde el año 1994, mientras que las de Gerona, Tarragona y Lérida comparten desde el año 2013 el Convenio Colectivo Interprovincial, con el que dejaron de estar regidas por el nacional.
Los motivos por los que las farmacias de Barcelona disponen de un Convenio Colectivo desde hace más de 20 años hay que buscarlos, en mi opinión, en el dinamismo y concienciación socio-profesional que tradicionalmente ha caracterizado el tejido económico y de servicios sociales en Cataluña, siendo buen ejemplo de ello los profesionales farmacéuticos y los trabajadores del sector.
En Cataluña, tanto los titulares de oficina de farmacia y la organización empresarial que los representa, como sus empleados, así como las organizaciones sindicales recuperadas a partir de los años 70, han coincidido desde antiguo en la necesidad de aprovechar las posibilidades de autorregulación laboral que en cada momento les ha ofrecido la legislación laboral vigente. Esto las ha llevado a consolidar una tradición de negociación muy arraigada respecto a la necesidad de aproximar al máximo las condiciones laborales del sector a la realidad social, económica y territorial más inmediata. Lo han hecho, además, por la vía del pacto y la negociación.
Para las farmacias catalanas, especialmente las de la provincia de Barcelona, al hacer más tiempo que cuentan con un acuerdo propio, el hecho de no estar sujetas al Convenio Colectivo estatal ha tenido indudables consecuencias. Estas pueden analizarse desde una perspectiva puramente económica, atendiendo a criterios relacionados con la competitividad, que nos llevan a análisis comparativos entre las condiciones económicas, de costos y demás condiciones laborales de las oficinas de farmacia de Barcelona, del resto de Cataluña y de España.
Desde una perspectiva puramente económica, un análisis comparativo entre las condiciones de costes salariales de las farmacias de estas distintas áreas geográficas demuestra, por ejemplo, que, en el decenio desde el año 2000 hasta el 2010, las significativas diferencias negativas en cuanto a competitividad de costos y otras condiciones laborales que padecían las farmacias de la provincia de Barcelona en relación con las del resto de Cataluña y de España (que se regían por el Convenio Nacional), se redujeron, en términos generales, en aproximadamente un 20%. Esta tendencia ha seguido la misma evolución desde el año 2010 y hasta el último Convenio, firmado en 2015.
Pero, sin dejar de conceder a este tipo de datos la importancia que merecen, me parece igualmente destacable una perspectiva digamos más socio-profesional y hasta antropológica de la cuestión, y es que la idiosincrasia y concienciación profesional de los empresarios y trabajadores del sector (ahora refiriéndonos a los de la provincia de Barcelona), resistiéndose a ser absorbidos por unas estructuras de representación y negociación profesionales más lejanas y distantes, lograron que el Convenio de Barcelona respondiera cada vez más a las reales necesidades de la oficina de farmacia y a las preocupaciones y demandas manifestadas en el respectivo territorio de afectación, tanto por los trabajadores como por los titulares empresarios.
De esta manera, podría decirse que el Convenio se «democratizó» y se hizo indudablemente más próximo a sus destinatarios, en la medida en que las materias objeto de negociación comenzaron a responder cada vez más a las necesidades reales e inquietudes socio-profesionales de ambas partes (empresarios y trabajadores), manifestadas por la Asociación de Farmacias de Barcelona, las organizaciones profesionales de auxiliares de farmacia y sindicatos CCOO y UGT, con contacto muy directo e inmediato con sus representados (empresarios y trabajadores).
Esto nos ha ido acercando a la realidad y problemas cotidianos de las relaciones laborales en nuestro sector y territorio, y nos ha permitido, a pesar de la dureza y dificultad de algunos de los procesos negociadores, dar respuestas regulatorias eficaces. Estas se han demostrado acertadas sobre todo a la hora de afrontar la gran crisis económica de los últimos años sin que los niveles de ocupación en el sector se hayan resentido especialmente y manteniendo unos niveles salariales y de costos razonables para ambas partes, empresarios y trabajadores.
Hacia un convenio de ámbito autonómico
En cuanto al objetivo de acordar en el futuro un Convenio Colectivo de farmacias de ámbito autonómico en Cataluña, los sindicatos CCOO y UGT y las asociaciones de trabajadores de farmacia de las provincias de Gerona, Tarragona y Lérida ya dieron un primer y muy significativo paso en este sentido cuando, en 2013, decidieron seguir la línea estratégica iniciada hace muchos años en Barcelona y firmar el Primer Convenio Colectivo de Trabajo Interprovincial de Oficinas de Farmacia, descolgándose así del Convenio estatal.
Este primer acuerdo entre provincias expiró en 2014 y, actualmente, nos encontramos en fase de negociación para su renovación. Ciertamente, todas las partes implicadas han manifestado su intención de trabajar en la posibilidad de ir, junto a Barcelona, hacia un único Convenio catalán de oficinas de farmacia.
Desde una perspectiva más básica y realista, resulta obvio también que las oficinas de farmacia de las cuatro provincias catalanas responden a un mismo modelo de gestión empresarial y se encuadran en un mismo sistema sanitario, sometidas a las mismas reglas profesionales, sanitarias y fiscales. Por tanto, no tiene demasiado sentido que uno de los pilares de este servicio público, que son sus trabajadores, sigan teniendo regulaciones laborales, retribuciones, derechos sociales y de formación diferentes. La convergencia en las condiciones de trabajo del sector en Cataluña es algo que, a mi parecer, aparte de justo, se revela como absolutamente lógico y necesario si nos atenemos a la voluntad ya manifestada en diferentes ámbitos por parte de los propios agentes socio-profesionales implicados.
La homogeneización de las condiciones laborales de los empleados del sector, en las diferentes provincias catalanas, no es, por tanto, una cuestión que pueda analizarse solo desde la perspectiva de si es o no beneficiosa, ni para quién; a mi entender, se trata de una cuestión de pura racionalidad profesional y económica en el sector, e incluso de equidad profesional para los propios trabajadores.
Cierto es que entre las farmacias de Barcelona y las del resto de Cataluña existen aún diferencias de costes salariales y otras condiciones laborales con trascendencia e implicaciones económicas. Habrá que estudiarlo muy bien para articular el necesario periodo transitorio al que anteriormente hacía referencia, sin que esto afecte a la competitividad de las oficinas de farmacia ni a los derechos consolidados de sus trabajadores.
Será una tarea ardua y no exenta de dificultades; sin embargo, mi impresión, por el conocimiento y trato profesional de los últimos 15 años con negociadores de las organizaciones sindicales implicadas, es que se impondrá la voluntad de acuerdo y la responsabilidad social para preservar un modelo de oficina de farmacia vinculado a la prestación de un servicio farmacéutico-sanitario moderno y de calidad, y que seremos capaces de hacer frente a este nuevo reto de firmar, más pronto que tarde, un convenio colectivo de trabajo de ámbito catalán para las oficinas de farmacia y su personal laboral.
Los convenios colectivos son normas jurídicas destinadas a regular condiciones laborales en un sector o empresa determinadas, y están acordadas por los propios actores (empresarios y trabajadores) que las deben aplicar. Por tanto, cuanto más protagonismo tengan éstos en su formulación, más directas y próximas resultarán estas normas laborales respecto a los reales problemas y necesidades del sector. Será necesario seguramente un periodo transitorio que permita la progresiva homogeneización de las condiciones laborales entre todas las provincias catalanas, pero considero que disponer de un único instrumento de regulación común será algo muy positivo y fortalecerá las actuales estructuras representativas de trabajadores y empresarios del sector, dotando a éste laboralmente de una cohesión institucional mucho más potente y estable de lo que es actualmente.
Por último, creo importante destacar, ante la situación de debilidad del sector en estos últimos años de intensa crisis económica, el encomiable sentido de la responsabilidad mostrado por parte de las organizaciones sindicales y de la empresarial que han negociado los convenios en Cataluña en los últimos 8 años. Se ha conseguido que la destrucción de ocupación haya sido muy exigua, así como una razonable contención de los costos salariales y una preservación y garantía de los derechos sociales de los trabajadores en activo del sector. Todo esto ha contribuido a que la desaparición de farmacias y puestos de trabajo haya sido mínima, cuando el riesgo era elevado, a causa de la crisis, los reales decretos de reducción del gasto farmacéutico y el retraso en el cobro de las facturas.
Es indudable que el nuevo rol que está adoptando la farmacia se verá reflejado en próximos convenios. Tendremos que estar especialmente atentos a la formación y especialización de estos profesionales, pues el tradicional modelo de la oficina de farmacia como dispensadora de medicamentos tiene un recorrido muy limitado. La oficina de farmacia es un elemento clave, un colaborador indispensable del sistema sanitario público en la labor de concienciación sobre el uso correcto del medicamento, así como la red social más extensa de profesionales especializados en esta materia y capaces de dar respuestas eficientes a las nuevas necesidades, tanto sociales como del propio sistema sanitario.
Todo esto lo tendrán que tener en cuenta los propios protagonistas de este servicio, es decir, los titulares de las farmacias y sus empleados, pero también la propia Administración, con el fin de saber valorar social e institucionalmente el sector de la oficina de farmacia y sus organizaciones representativas.