Entre esas medidas aprobadas se habilitarán mecanismos para adaptar la prescripción e indicación de medicamentos en las recetas a las recomendaciones realizadas por diferentes instituciones evaluadoras y a la opinión de expertos, «teniendo siempre en cuenta su relación coste-efectividad», aclara el conseller. Así pues, un programa informático establecerá unas recomendaciones de unos determinados medicamentos para cada patología. No obstante, la administración valenciana puntualiza que cada facultativo podrá prescribir otros fármacos distintos a los propuestos por el sistema, «siempre que se justifique clínicamente, por tema de alergia del paciente o de intolerancia a determinados fármacos». En este sentido, el 1 de abril, fecha de puesta en marcha del decreto, comenzará su aplicación en el sistema de información en patologías y factores de riesgo de alta prevalencia como la diabetes, la dislipemia o hipercolesterolemia, el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la osteoporosis y los antiácidos.
También se contemplan iniciativas en el ámbito ambulatorio para impulsar los programas ya existentes de revisión de historiales farmacológicos (REFAR) y el seguimiento de las personas polimedicadas y crónicas. Hasta el momento, se han revisado más de 100.000 historiales farmacológicos, con la adecuación de más de 40.000 tratamientos, lo que ha supuesto un ahorro aproximado de más de 19 millones de euros, según detalla la Conselleria.
Asimismo, el decreto incluye la ampliación del listado de productos farmacéuticos de suministro directo en centros sanitarios, residencias y domicilios de pacientes crónicos. Esta iniciativa incluye, por una parte, la entrega de apósitos, tiras reactivas y vacunas en los centros sanitarios públicos. A esto hay que añadir el suministro directo de absorbentes y dietoterapéuticos a domicilio o la entrada en funcionamiento de los servicios de suministro centralizado de farmacia en residencias sociosanitarias.
La nueva norma también protege la asistencia farmacéutica de las oficinas de farmacia con ingresos inferiores a 200.000 euros, normalmente por situarse en zonas dispersas y rurales, mediante la aplicación de un incentivo económico cercano al millón de euros. La medida beneficia a las 218 boticas, cerca de un 10% del total, que, en su conjunto, apenas facturan el 2% del sector.