El dato lo ha revelado Ana Mato en la sesión de control al Gobierno, en el Pleno del Congreso, en respuesta a una pregunta oral sobre las medidas que va a poner en marcha el Gobierno para luchar contra la exclusión. La ministra ha añadido que antes de la reforma estos parados sin prestación estaban obligados a pagar el 40% del precio de sus medicamentos, como cualquier activo, con independencia de sus ingresos.
En la actualidad, los activos aportan un porcentaje del precio de los fármacos en función de su renta, pero se ha excluido a los parados de larga duración sin prestación, junto con otros grupos, como los beneficiarios de pensiones no contributivas, rentas de inserción o afectados por el síndrome tóxico.
La ministra ha aprovechado para avanzar que va a presentar un Plan Nacional de Inclusión Social «que tendrá como objetivo prioritario la lucha contra la pobreza infantil».