Este programa ha partido de la recomendación que ha hecho de la Agencia Española del Medicamento a los médicos sobre utilizar los fármacos para la mineralización ósea únicamente en pacientes con elevado riesgo de fractura y después de considerar la posible aparición de fracturas vertebrales múltiples al retirar el tratamiento.
Esta iniciativa ha permitido que los farmacéuticos de atención primaria identifiquen a 204 pacientes en tratamiento con medicamentos para la mineralización ósea mayores de 80 años con potenciales problemas de seguridad tras más de 5 años de tratamiento. De los 204 pacientes, la acción de estos farmacéuticos ha logrado la suspensión del tratamiento en 57 de ellos, lo que supone un ahorro de más de 27.000€ al año si se considera el precio de los medicamentos que se han dejado de prescribir por parte del médico. Según Muñoz Arroyo, miembro de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) y coordinadora del proyecto, «la mayor parte de este ahorro es para el Sistema Sanitario Público, pero también para los pacientes que deban abonar la aportación correspondiente en las farmacias». No obstante, ha considerado que «en los informes realizados por los farmacéuticos de atención primaria había suficiente justificación para que la cifra de suspensiones de tratamiento fuese mayor».
Por otro lado, la coordinadora ha señalado que «estos medicamentos deben utilizarse sólo en pacientes con alto riesgo de fractura» y que es necesario «notificar toda sospecha de reacción adversa a los mismos». Además, ha informado de que hay «otras medidas no farmacológicas que previenen las fracturas, como el ejercicio físico, buena alimentación, abandono del tabaco o disminución del consumo de alcohol».
Por último, ha señalado que, tras la intervención de los farmacéuticos de atención primaria, 130 pacientes continúan con tratamientos para la mineralización ósea sin que en la mayoría de ellos se especifique por parte del médico el motivo de la no retirada: «la no suspensión de estos fármacos en los pacientes analizados debería justificarse por parte del profesional médico y valorarse por parte de la administración, ya que, además de ser poco coste-efectivos, pueden poner en riesgo la salud del paciente».