En este sentido, durante su intervención, el consejero ha realizado una valoración previa de algunos de los nuevos criterios que se está planteando incorporar desde algunos ámbitos a este procedimiento de selección. Así, en relación con el criterio de isoapariencia, Aquilino Alonso ha aclarado que la apariencia de los medicamentos está protegida por patente, de modo que la imitación resulta imposible.
En cuanto a la incorporación de mayores controles de calidad, en aras de una mayor seguridad del paciente, el consejero ha recordado que esta capacidad no entra dentro de las competencias de la Junta de Andalucía, siendo competencia exclusiva del Estado. Hay que destacar que en esta materia de seguridad del paciente, la Administración sanitaria andaluza colabora con la Agencia Española del Medicamento en materia de farmacovigilancia, así como de recogida de muestras.
El consejero también se ha referido a los problemas puntuales de desabastecimiento de medicamentos seleccionados, indicando que son los mismos que pueden aparecer en el resto de medicamentos, no solo en los que se prescriben por principio activo, y no tienen que ver con la capacidad de producción o de distribución. En este sentido, ha recordado que una de las condiciones que se le exigen a las empresas farmacéuticas en los pliegos de condiciones para participar en la selección pública de medicamentos es garantizar que no se produzcan esos desabastecimientos. Junto a ello, ha concretado que, a fecha 13 de febrero de 2017, y según el dato dado a conocer por la Agencia Española del Medicamento del Ministerio de Sanidad, del listado de medicamentos en situación de desabastecimiento, solo 1 fármaco está dentro de los seleccionados públicamente por el SAS.
Por otra parte, el consejero ha afirmado que el procedimiento de selección pública de medicamentos, establecido en la Ley de Farmacia de Andalucía, para determinar los medicamentos que han de dispensar las oficinas de farmacia cuando se prescribe por principio activo, es un procedimiento «competitivo, abierto y transparente», que se rige por los mismos principios fijados en la Ley de Contratos del sector público.
Aquilino Alonso ha asegurado además que este procedimiento supone una importante medida de eficiencia, gracias a la cual se ha producido en Andalucía un ahorro acumulado de 425,8 millones de euros hasta enero de 2017. Asimismo, ha resaltado que podría suponer una disminución del gasto farmacéutico para el Sistema Nacional de Salud de más de 1.000 millones de euros anuales, por lo que ha valorado que la existencia de un procedimiento similar o ‘subasta’ a nivel estatal sería «la mejor opción». En esta línea, ha recordado que el Estado se ha estado oponiendo a la selección pública de medicamentos andaluza, interponiendo recursos ante el Tribunal Constitucional, que han sido desestimados recientemente en tres ocasiones, «quedando despejada cualquier duda jurídica sobre este procedimiento».
Hasta el momento actual se han publicado 10 convocatorias de selección de medicamentos, 9 de las cuales ya se están aplicando y la última, de reciente publicación y adjudicación, ha comenzado en febrero. Como resultado de dichas convocatorias hay 520 presentaciones de medicamentos seleccionados, de 29 laboratorios distintos, de los que 13 son españoles.