La de por sí creciente insostenibilidad del SNS, unida al nuevo ajuste de 10.000 millones de euros anunciado por el Gobierno, buena parte del cual recaerá en Sanidad, ha propiciado que se toque uno de los, hasta ahora, temas 'tabú' del sistema nacional: la modificación del copago farmacéutico. Por primera vez en la historia del SNS, el modelo se regirá por la renta del paciente. Con diversos tramos y condiciones de las aportaciones. Frente al porcentaje fijo (40% sobre el coste del medicamento) que sufragaba a día de hoy cualquier persona activa (empleada o no), éste ahora se ramifica. Sólo los activos con rentas anuales inferiores a 18.000 euros mantendrán esta aportación. Para aquellos ciudadanos con rentas anuales iguales o superiores a 100.000 euros será del 60% y para los que sus rentas se sitúen entre estos umbrales se situará en el 50%. No obstante, la más llamativa novedad que acarrea este copago farmacéutico por renta es el fin de la gratuidad de los medicamentos para pensionistas. Los ciudadanos con pensiones contributivas pagarán un 10% del precio de sus medicamentos, con un límite de 8 euros al mes si la misma no supera los 18.000 euros anuales y de 18 euros al mes para rentas superiores a esta cifra y un máximo de 60 euros mensuales si los ingresos anuales del pensionista se sitúan por encima de 100.000 euros. Por su parte, los parados que hayan agotado su prestación por desempleo, así como los jubilados sin pensión contributiva, sí estarán exentos de pagar sus medicamentos.
La ministra de Sanidad ha reconocido que se han establecido menos tramos «de los que sería justo», y ha calificado la medida como «disuasoria sobre el abuso, no recaudatoria». En este sentido, Mato ha incidido en que el copago farmacéutico por renta se hace necesario por el actual «descontrol farmacéutico», que supone ser el segundo país mundial en consumo de fármacos y en el que se destruyen anualmente 3.700 toneladas de fármacos «pagados pero no utilizados». Para su puesta en marcha, la titular de Sanidad ha estimado un plazo aproximado de dos meses, el cual dependerá en cada autonomía de factores como el desarrollo e implantación total de la tarjeta electrónica, al ser este sistema el que facilitará el cruce de datos para conocer la aportación de cada paciente.
El Pleno del CISNS también ha acordado otra serie de medidas de afectación directa al sector farmacéutico. Sin entrar en detalles, Mato ha anunciado que trabajará «con la industria» una nueva bajada de precios de los medicamentos, ya que, según cree, «hay precios inasumibles para el sistema». Sin embargo, la ministra ha ido un paso más allá al anunciar un modelo que ella misma ha denominado como «precio seleccionado». Cuestionada sobre este nuevo concepto, Mato no ha querido profundizar y ha remitido a la lectura del futuro RDL para conocer más sobre el mismo. Cabe recordar que Sanidad se ha opuesto frontalmente a las denominadas 'subastas andaluzas' pero sí reconoce que las mismas han valido para confirmar que es posible una reducción de precios, por lo que quizá en esta medida se persiga algo semejante. Si no en la forma, sí en el fondo.
La reducción del gasto farmacéutico también se llevará a cabo mediante la potenciación de los genéricos y con una revisión del Nomenclator oficial «para sacar de él aquellos medicamentos sin eficacia terapéutica», ha confirmado la ministra. También ha apostado por un nuevo envasado de los medicamentos, de tal manera que aquellos que sirvan para tratar enfermedades agudas incluyan sólo las dosis necesarias y, por el contrario, aquellos para tratar enfermedades crónicas puedan adquirirse en envases mayores a un menor coste.
Fin al turismo sanitario
Otro acuerdo emanado del CISNS ha sido poner fin al turismo sanitario en España, lo cual estimaría un ahorro de 1.000 millones anuales. Para ello se incorporará al derecho farmacéutico nacional parte del articulado de una directiva europea, y que prohibirá el desplazamiento explícito a España en búsqueda de asistencia sanitaria gratuita –picaresca que se puede llevar a cabo con el simple empadronamiento– y facilitará que se pueda facturar de manera rápida y directa al país de origen la asistencia dada a su ciudadano.
La ministra también ha anunciado el desarrollo de una plataforma centralizada de compras para todas las comunidades autonomas, con la que pretende conseguir otros 1.000 euros de ahorro. Una central que compras que ya ha tenido sus antecedentes en la adquisición conjunta de vacunas y que ahora abarcará tanto medicamentos, como tecnología y servicios.
Como otra medida a destacar, Mato anunció una cartera de servicios «suplementaria» a la cartera básica nacional en la que ya trabajan Sanidad, las comunidades autónomas y el Congreso de los Diputados. Esta cartera complementaria, de la que se beneficiarían todos los españoles, incluiría otra serie de servicios (también ofertados desde las oficinas de farmacia) que actualmente sólo estén implantados en algunas regiones, así como la posible financiación de productos ortoprotésicos, dietoterápicos o productos adicionales a los tratamientos para enfermedades raras (por ejemplo, cremas).
País Vasco y Cataluña, discrepantes
A pesar de la aprobación de las medidas, diversos consejeros manifestaron su desacuerdo con algunas de ellas, en especial el copago farmacéutico por renta. «Tiene repercusiones económicas negativas para los pacientes crónicos», ha afirmado Rafael Bengoa, consejero vasco de Sanidad. Su homólogo de Cataluña, Boi Ruiz, considera que esta medida «es insuficiente y difícil de entender por la población». En este sentido, pocas horas después el Gobierno catalán confirmaba que mantendría la tasa de 1 euro por receta incluida en los presupuestos autonómicos y que dicha medida se sumaría al aumento del copago decretado por el Gobierno central.
Otros consejeros sí han mostrado su satisfacción por este paquete de medidas con las que Sanidad podría alcanzar los 7.000 millones de euros que son objetivo del ajuste en esta área. José Ignacio Echániz, consejero de Castilla-La Mancha, las considera como «las más importantes de los últimos 25 años y nos dan la vida a las autonomías». El Consejo de Ministros convocado para este viernes 20 de abril ratificará estos acuerdos mediante la vía, presumiblemente, del Real Decreto Ley.