Esta es la propuesta que el Consell Valencià de Col·legis de Farmacèutics y la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia, Confar, quieren llevar a las Asambleas de colegiados de las tres provincias. La propuesta precisa que «estos cierres se realizarán en tanto se abone el importe total de la deuda de la Generalitat, o cuando una nueva asamblea decida suspender o cancelar la medida».
En el comunicado que han hecho público hoy, los farmacéuticos valencianos denuncian que «la situación extrema de liquidez que afrontan las oficinas de farmacia de la Comunidad Valenciana hace imposible el normal abastecimiento de medicamentos para atender a la población» y lamentan que «incomprensiblemente», la Generalitat Valenciana haya incluido en el primer tramo del Fondo de Liquidez Autonómica «sólo una factura de las cinco y media que adeuda a las oficinas de farmacia, a las que mañana mismo debe añadirse otra correspondiente a las recetas dispensadas en septiembre».
Asimismo, el Consell y Confar consideran «totalmente inadmisibles las declaraciones del vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, minimizando la situación dramática de las oficinas de farmacia y comparándola con otros colectivos, a los que se les adeuda una cantidad infinitamente inferior y que no están obligados, como las farmacias, a seguir prestando un servicio sin recibir su justa contraprestación». «El vicepresidente debería aclarar –se dice en el comunicado– que de las cantidades que ha pagado este año, el 60% corresponden a deudas del año anterior».
Denuncian también «el trato discriminatorio que sufren con relación a los farmacéuticos catalanes, a quienes se abonó de manera urgente una factura de las tres que se les adeudaban, mientras que los valencianos sufrimos ya más de seis meses de impagos, poniendo en serio peligro el suministro de medicamentos a los ciudadanos de esta Comunidad».