Esta situación ha hecho, según el COFV, que más de 200 farmacias se encuentren en concurso de acreedores, se hayan perdido más de 2.000 puestos de trabajo, pese a la mayor carga burocrática de la puesta en marcha de la receta electrónica, y que 4 oficinas hayan cerrado provisionalmente porque no tienen liquidez.
«Esto es un SOS al Ministerio y a la Conselleria porque no tenemos un duro», comenta con crudeza María Teresa Guardiola, presidenta del COFV, tras recordar que las farmacias valencianas están financiando la prestación farmacéutica a los ciudadanos, cuando es una obligación del Gobierno autonómico. «Tenemos verdaderos dramas familiares, personales y profesionales, pero a los pacientes no les ha faltado el medicamento, un derecho constitucional que, hasta ahora, estamos garantizando solo los farmacéuticos que ya hemos llegado verdaderamente al límite de nuestras posibilidades». La presidenta del COFV denuncia que «ya no podemos comprar ni un medicamento más porque no hay liquidez».
Más allá va Emilio Montes, presidente de la Asociación Empresarial de Farmacéuticos de Valencia (FARVAL), que reclama la normalización de los pagos «no por el bien de los farmacéuticos, que también, sino por el bien de los ciudadanos». «Si no –apostilla– va a haber problemas de desabastecimiento, no porque el farmacéutico no quiera dispensar medicamentos, sino porque ya no va a poder comprar más o no le van a servir». Montes también ha dicho que si los ERE no han subido más en el sector es porque la carga burocrática hace imprescindible la necesidad de personal, no porque la situación no sea catastrófica.
FLA
Ante la crítica situación y la incapacidad financiera de la Generalitat Valenciana, el COFV deposita todas sus esperanzas de cobro en el Fondo de Liquidez Autonómico, FLA, mecanismo habilitado por el Ministerio de Hacienda para aliviar la situación de las comunidades autónomas. Eso pese a que en un inicio, el FLA solo incluía la liquidación de las emisiones de deuda de las autonomías, sin incluir a los acreedores ni gasto corriente. La gestión del Colegio de Valencia, aportando numerosos informes jurídicos, y el compromiso de la ministra de Sanidad, Ana Mato contribuyeron de manera efectiva, según la organización colegial, a que el FLA incluyese la deuda con las farmacias.
Llegados a este punto, y ante el cumplimiento de compromisos de gasto antes del próximo 20 de octubre, las farmacias valencianas confían en un pago inminente del Ministerio vía Instituto de Crédito Oficial. Tan solo tienen la promesa de las autoridades estatales y autonómicas de recibir 120 millones de euros, el equivalente al gasto de un mes, antes de que concluya el mes en curso. En teoría, solo una reunión de la comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos, prevista para esta semana, separa al sector de recibir la tan necesaria liquidez.
Así las cosas, María Teresa Guardiola confía en que el mecanismo que habilita el FLA sea la solución que esperan. «Pero el plan A ya falló. Este es el plan B y plan C no hay», reconoce. Si, una vez más, no llega el dinero, se plantearán nuevas medidas de presión.