Las propuestas se articulan en torno a cinco ejes: el aumento de la capacidad asistencial de la atención primaria, la vigilancia epidemiológica, medidas de protección colectiva y de protección del personal de las farmacias, así como acciones de promoción social.
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha manifestado que «en esta nueva fase desde el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos apostamos por la atención primaria como pilar y motor principal de abordaje de la COVID-19 y, en especial, por garantizar la seguridad y la asistencia a los pacientes durante esta etapa».
En este sentido, el primer eje del plan incluye acciones para reforzar el programa ya implementado de dispensación de medicamentos a domicilio para población vulnerable, continuar con las medidas a través del Sistema de Receta Electrónica para evitar el desplazamiento a los centros de atención primaria y favorecer la coordinación con los equipos de primaria y especializada con programas específicos para crónicos.
También se recoge la necesidad de reforzar y mantener la dispensación de tratamientos hospitalarios a pacientes externos, vulnerables y estables a través de la farmacia comunitaria, puesta ya en algunas comunidades autónomas para evitar el desplazamiento a los centros hospitalarios, de acuerdo a los protocolos establecidos entre farmacia hospitalaria y farmacia comunitaria.
Salud pública
Por otra parte, en el informe se solicita la inclusión de las farmacias comunitarias en acciones para la erradicación de la pandemia, dentro de las iniciativas de salud pública que puedan llevar a cabo las autoridades sanitarias, así como su participación en la Red de Vigilancia Epidemiológica y en los protocolos de detección precoz que se establezcan para la COVID.
En cuanto a la protección colectiva, el Consejo General plantea la necesidad de impulsar campañas y acciones formativas e informativas a la población para la aplicación de las medidas correctas de higiene y protección frente al virus.
Por último, en relación con las medidas de protección de la farmacia, se insiste nuevamente en la necesidad de disponer de equipos de protección individual para los farmacéuticos y personal de las farmacias, y su inclusión en los planes autonómicos de realización de test para la detección de profesionales sanitarios infectados.
El valor social de la farmacia es el último eje del plan propuesto a Sanidad, en el que se solicita su participación en la detección y derivación en los casos de abusos, violencia de género y/o doméstica, estafas y otro tipo de maltratos a población vulnerable, así como la identificación de personas mayores que viven solas y que no retiran su medicación.