La SEFAC «celebra este fallo» y hace algunas puntualizaciones, entre ellas que «las autonomías están haciendo una interpretación acorde a sus intereses de la legislación sanitaria nacional», dado que «la Ley de Garantías reserva a las farmacias la dispensación de todos aquellos medicamentos que no tengan la catalogación de uso hospitalario». La SEFAC reconoce que el artículado de esta ley «también permite, excepcionalmente, la dispensación en hospitales de aquellos medicamentos que requieran un especial seguimiento por parte de un equipo multidisciplinar», pero añade que «bajo ningún concepto puede hacerse de una excepción una generalidad», al tiempo que recuerda que «estas decisiones serían, en todo caso, competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad».
Añade la SEFAC que «el farmacéutico comunitario está capacitado para asegurar la custodia y seguridad de todos los medicamentos» y opina que es debatible «el ahorro que podría generar a la Administración no tener que remunerar a la farmacia estos fármacos» «al tratarse de medicamentos de precio elevado (superior a 91,63 euros) pero afectados por unos márgenes fijos (por tramos) y cuya dispensación en las farmacias comunitarias genera mínimos beneficios e incluso pérdidas económicas al farmacéutico». La SEFAC llega incluso a señalar que «parece que la verdadera intención de las Administraciones sanitarias con esta medida sea 'maquillar' sus datos de gasto farmacéutico, ya que el gasto derivado de la adquisición, dispensación y administración de medicamentos en hospitales no computa en el cálculo de la factura farmacéutica». Señala, además, que «el pago a los proveedores en el canal hospitalario puede demorarse más allá de los trescientos días, frente al pago mensual o bimestral que deben efectuar a las farmacias comunitarias».
La SEFAC denuncia que «si hay un principal perjudicado con estas medidas es el paciente, el cual pierde accesibilidad a su medicación», al tiempo que expresa su extrañeza por «la falta de coordinación entre autonomías a la hora de sacar medicamentos de DH de sus farmacias comunitarias, lo que se traduce en unos listados autonómicos de medicamentos afectados muy dispares y escasamente parecidos», incongruencia que, dice, «incide en la ruptura de la equidad del Sistema Nacional de Salud».