Esta colaboración se inició hace cuatro años con un Convenio con el Gobierno que entró en vigor en 2016 y en virtud del cual, en esencia, las compañías farmacéuticas que venden medicamentos originales no genéricos ni biosimilares se comprometían a realizar devoluciones si el gasto público en estos medicamentos crecía por encima de lo que lo hiciera el Producto Interior Bruto (PIB) en términos reales.
De esta forma la Administración se dotaba de un instrumento de control presupuestario que le permitía abordar la política farmacéutica con la tranquilidad de saber que la inversión pública en medicamentos estaba bajo control. Farmaindustria, por su parte, constataba así su compromiso de colaboración con la Administración en el objetivo común de conciliar sostenibilidad y acceso al medicamento en un marco de predictibilidad.
Gobierno y Farmaindustria se han dado seis meses para la firma del nuevo Convenio, para lo cual transitoriamente se prorrogará el vigente en 2019, siendo de aplicación, en su caso, el nuevo Convenio para todo el ejercicio de 2020.
Es propósito de las partes que este nuevo acuerdo refleje la implicación de todas las compañías farmacéuticas involucradas en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la racionalización del gasto público en medicamentos.