La misma consejera de Hacienda y que fue de Sanidad, María Jesús Montero, lo ha explicado «como un mecanismo de garantía de estos nuevos tiempos de pago, con el fin de solventar posibles incidencias e impedir demoras». En el sector sanitario se incluirán las facturas relativas a la atención sanitaria, los conciertos y todas aquellas partidas necesarias para el funcionamiento de los centros.
Según la Junta, las medidas previstas agilizarán los procedimientos de gestión, fiscalización y contabilización en todas estas áreas esenciales, garantizando así el pago de más de un millón de facturas al año por un importe global estimado de 6.150 millones de euros. Además, los acreedores podrán obtener información sobre el estado de tramitación de sus pagos pendientes a través de la oficina virtual de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. También podrán reclamar en el caso excepcional de que alguna factura no se abone en 20 días y hacer efectiva esta garantía de tiempo de pago.
El contratista, proveedor o beneficiario de una subvención que presente una reclamación ante la nueva Oficina de Atención recibirá, en el plazo máximo de 7 días, una respuesta de la Administración indicándole la fecha exacta del pago, que debe ser inmediato, o bien otorgándole una acreditación positiva para hacer efectiva la garantía de pago en cualquier entidad de crédito que colabore con la Consejería de Hacienda. La Administración podrá emitir una acreditación negativa en caso de que se detecten incidencias que afecten al pago (como errores que deba subsanar el acreedor, retenciones o embargos).
Se estima que este decreto estará en vigor el mes de noviembre como máximo.