Concretamente, en dicho informe la AAJM señala que la facturación anual de medicamentos genéricos asciende a una cantidad que oscila entre los 2.500 y los 3.000 millones de euros al año y que un 75% de los mismos son susceptibles de incorporar a un procedimiento de competencia y concurrencia como el que actualmente se lleva a cabo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esto significa, dicen, que podrían ser objeto de concurrencia alrededor de 2.000 millones de euros al año de facturación al Sistema Nacional de Salud (SNS) a través de las oficinas de farmacia. El descuento promedio que realizan los laboratorios que concurren a las subastas se sitúa alrededor del 30% y, en consecuencia, «el ahorro esperado de forma aproximada a través de este sistema de selección estaría entre 500 y 600 millones de euros anuales».
La AAJM indica que no están claros los motivos por los que se rechaza un ahorro que podría revertir directamente en otras necesidades del SNS como adecuación y suficiencia de las plantillas, reducción de las listas de espera quirúrgicas o tecnología sanitaria. En concreto, señala que para rechazar las subastas públicas de medicamentos se utilizan argumentos como la equidad, la accesibilidad de los pacientes al tratamiento o la calidad, cuestiones que rechazan de plano.
Según se detalla en el informe, la Comunidad Autónoma de Andalucía viene realizando esta selección pública desde la aprobación del Decreto-Ley de medidas urgentes en Farmacia de diciembre de 2011. Esta medida fue impugnada por el Gobierno central aduciendo invasión de competencias del Estado y pérdida de equidad en el acceso a los medicamentos. El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado esta impugnación en varias ocasiones y ha confirmado que el procedimiento de selección pública de medicamentos es ajustado a Derecho.
La AAJM opina que lejos de seguir el camino marcado por el Tribunal Constitucional, «los acuerdos firmados entre Farmaindustria y el Gobierno de España, por medio de los Ministerios de Hacienda y Sanidad, dificultan a las comunidades autónomas incrementar la prescripción por principio activo y aumentar el volumen de genéricos utilizados, mientras favorecen el aumento del uso de marcas y de la factura farmacéutica».
Asimismo, la AAJM considera que afirmaciones tales como que «los andaluces sólo pueden acceder a 400 medicamentos de los 14.000 disponibles» no se sostienen, puesto que omiten que los ciudadanos de Andalucía pueden acceder exactamente al mismo número de principios activos que el resto de los españoles como ha dicho contundentemente el Tribunal Constitucional. En Andalucía, añade la asociación, se garantiza al 100% de los pacientes que puedan disponer del principio activo que su médico ha indicado, exactamente igual que se hace en la totalidad de los hospitales del SNS, cuyas compras de medicamentos se llevan a cabo por procedimientos de concurrencia.
Desabastecimientos y calidad de los medicamentos
La AAJM también rechaza el pretendido problema de «desabastecimientos» que gratuitamente se adjudica al procedimiento de subastas de Andalucía. Para ello recogen datos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que no reflejan en Andalucía una situación diferente de casos puntuales de falta de algún medicamento, con respecto a otras comunidades autónomas.
Igualmente, la AAJM hace hincapié en la acusación de menor calidad de los medicamentos procedentes de las subastas andaluzas. «Esta descalificación suele incluir comentarios acerca de la propiedad y tamaño de algunas de las empresas adjudicatarias donde su origen y país de referencia es utilizado como elemento de descrédito. Debemos señalar que todos los medicamentos cuyo uso se aprueba para la utilización en nuestro país son autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que comprueba que la composición química del medicamento es la adecuada y que realiza periódicos controles para garantizar su utilización. Es una acusación muy grave que atenta contra la seguridad y garantías que debe ofrecer la AEMPS y, por lo tanto, el Estado. La falta de calidad de los medicamentos utilizados en la selección constituye una acusación irresponsable de la que no se precisa ni el laboratorio ni el medicamento al que va dirigida. Para escándalo y desinformación de la ciudadanía la acusación denuncia un atentado contra la salud pública sin rigor ni precisión y al que debe responder el Ministerio de Sanidad por medio de la AEMPS».
Finalmente, la AAJM recuerda en su informe que sistemas similares de selección pública de medicamentos al que se realiza en Andalucía son utilizados en Dinamarca a nivel estatal y por algunas Cajas de Salud de Alemania y Holanda.