El presente convenio, que está en vigor desde 2017 y tiene su antecedente en un protocolo de colaboración suscrito en noviembre de 2015, tiene como objetivo principal conciliar el acceso de los ciudadanos a las innovaciones terapéuticas en condiciones de equidad con la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
El convenio constituye en esencia instrumento de control de la inversión pública en medicamentos, ya que contempla que si el crecimiento del gasto público en fármacos originales supera el de la economía española, es decir, el PIB, la industria se compromete a realizar compensaciones monetarias.
Además, busca crear un marco de certidumbre y confianza para impulsar la I+D de nuevos medicamentos en el medio y largo plazo y reforzar el papel de España como uno de los países de Europa con mejores condiciones para desarrollar proyectos de investigación clínica.