En la actual situación de aumento del envejecimiento de la población, con un mayor número de enfermos crónicos y polimedicados que pueden acabar saturando la atención primaria, la oficina de farmacia puede aportar su enorme capilaridad y su cercanía al ciudadano implantando programas de prevención y otros servicios que ayuden a descongestionar el sistema sanitario.
Estas son algunas de las ideas que se expresaron en la mesa de actualidad «Prestación de servicios profesionales. Costes y beneficios» celebrada ayer en Infarma Barcelona 2023. En ella, su moderador, Rafael Areñas, vicepresidente 3º del COF de Madrid, afirmó que «los farmacéuticos son profesionales sanitarios perfectamente cualificados, se ha demostrado durante la pandemia, y nuestro objetivo debe ser pasar de un establecimiento sanitario a un centro sanitario que ofrezca otros servicios para garantizar la sostenibilidad de la farmacia y del sistema».
Por su parte, Pedro Irigoyen, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, reconoció que «la oficina de farmacia tiene que ser un eslabón más de la cadena asistencial» y apuntó la necesidad de cambiar la legislación actual para adaptarla a esta situación. Irigoyen se mostró favorable a todas aquellas medidas que contribuyan a una mayor eficiencia del sistema de salud: «Nuestra mayor preocupación –dijo– es el paciente de hoy y del futuro y solo lo podemos tratar si hacemos sostenible el sistema». Asimismo, remarcó la importancia de promover la prevención de la salud con los servicios que pueda desarrollar la oficina de farmacia para contribuir a reducir el gasto sanitario: «Todas las medidas dirigidas a promover la prevención y evitar enfermedades contribuirán a la sostenibilidad del sistema», dijo Irigoyen, para quien «las soluciones que se pongan sobre la maesa tienen que ir dirigidas al beneficio del paciente, no de los colectivos sanitarios».
«El farmacéutico comunitario está implementando de forma progresiva servicios profesionales asistenciales con el fin de mejorar la salud de los pacientes», afirmó José Enrique Alba, director de Pharmanagement Business School, quien reivindicó la necesidad «de evaluar el verdadero valor de estos servicios, e implementar aquellos que obtengan la máxima efectividad y eficiencia».
Manuel Caamaño, farmacéutico comunitario y profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid, también se mostró a favor de un modelo de oficina de farmacia que vaya más allá de la dispensación farmacéutica, y presentó algunos servicios que ya se han implantado en los últimos años, como las iniciativas de dispensación de test COVID, los cribados de prevención de algunas enfermedades o el propio servicio de información del farmacéutico, que evita muchas consultas en los centros de atención primaria. «La oficina de farmacia, por su gran implantación territorial, ya le ahorra una importante cantidad de costes al Estado. Debemos potenciar el papel del farmacéutico en este tipo de programas y mejorar los sistemas de interconexión y comunicación para agilizar procesos y evitar visitas que no sean necesarias a la atención primaria», dijo Caamaño, y puso como ejemplo el control de parámetros antropométricos que el farmacéutico podría realizar y comunicar directamente al centro de atención primaria.
Además de los servicios de cribado que ya se hacen en algunas comunidades autónomas, los ponentes reivindicaron que los farmacéuticos comunitarios podrían asumir otros servicios como la cesación tabáquica, la participación en estudios clínicos o la vacunación de algunas enfermedades, así como la realización de cribados mediante test de la gripe o de COVID-19 y así ahorrar aquellas visitas que no fueran necesarias a los centros de salud.
Finalmente, Luis Panadero, tesorero del COF de Madrid, puso de relieve algunas de las diferencias con los sistemas de otros países del entorno europeo y opinó que España está situada a la cola de los que ya han modificado su legislación.