La Sociedad Madrileña de Farmacéuticos de Hospital (SMFH), la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC), la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP), la Sociedad Española de Farmacéuticos Rurales (SEFAR), la Asociación de Empresarios de Farmacia de Madrid (Adefarma) y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid han hecho pública una declaración institucional en la que hacen un llamamiento a los Grupos Parlamentarios a los que invitan a un diálogo constructivo «en torno al Proyecto de Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid en su trámite parlamentario», al tiempo que muestran su «apoyo firme y claro a dicho proyecto de ley para que sea ratificado definitivamente por el Pleno de la Asamblea de Madrid».
En el documento manifiestan que el consenso profesional en torno a esta futura ley es mayoritario y afirman que «el sector a través de sus instituciones, asociaciones profesionales o individualmente, han tenido la oportunidad de realizar sus aportaciones para mejorar el texto inicial», aunque son conscientes de que existen puntos en los que les hubiera gustado «avanzar o concretar más, pero en aquellos artículos que han sido muy debatidos y suponen mejora de la prestación estamos profundamente de acuerdo, como es el caso de la atención farmacéutica domiciliaria a pacientes dependientes, evitando que este servicio profesional pueda convertirse en un delivery.
Refuerzo del Sistema Nacional de Salud
Consideran, no obstante, que «el contenido de la Ley responde en buena parte a necesidades expresadas por los ciudadanos y supone un refuerzo extraordinario del propio Sistema Nacional de Salud, tal y como se ha evidenciado durante la pandemia en nuestro país». En concreto, manifiestan que «el Proyecto de Ley y las correspondientes enmiendas consensuadas en las distintas comparecencias, es integrador, responde a necesidades reales e incorpora ventajas a los ciudadanos. Son los ciudadanos los que demandan accesibilidad al medicamento, consejo y orientación profesional, máxima seguridad, calidad y garantía en la intervención de los profesionales a los colectivos más vulnerables». Al respecto, añaden que el texto «mejora las condiciones de acceso y de planificación de las farmacias; actualiza e incorpora nuevas funciones a desarrollar por los profesionales farmacéuticos; moderniza las actividades y funciones de los servicios y establecimientos farmacéuticos (Primaria, Farmacia Hospitalaria y Oficina de Farmacia); permite unos horarios más flexibles, adaptados a las necesidades de los usuarios; reduce la burocracia y avanza en la calidad y seguridad del medicamento, en la cooperación institucional, en las estrategias de salud pública; garantiza y actualiza derechos y obligaciones tanto a los ciudadanos como a los profesionales; afianza la red de oficinas de farmacia y abre nuevas vías de comunicación aplicando las tecnologías de la información». También señalan que «sitúa a la farmacia rural en un entorno social, económico y de desarrollo profesional más favorable; evoluciona en las funciones de la farmacia hospitalaria acordes a las necesidades reales que demandan los pacientes, cumpliendo así las expectativas de sus profesionales, y concreta el papel del farmacéutico de primaria en los Centros y en su colaboración con los distintos niveles asistenciales».
Por todo ello, las instituciones firmantes confían «que el trámite de la norma supere cualquier obstáculo partidista para sumarse al interés general y, en consecuencia, priorice la actividad parlamentaria con el fin de cumplir los plazos previstos para su aprobación definitiva dentro de esta legislatura, sin sufrir demoras que impidan este objetivo».
Mensaje de unidad
En definitiva, con este documento los firmantes quieren mostrar «un mensaje de unidad en torno a un proyecto de ley y enmiendas consensuadas que reporta beneficios a los ciudadanos, a los que nos debemos por encima de cualquier interés particular, construyendo un Sistema Regional de Salud fuerte, de la máxima calidad y eficiencia en lo que respecta al servicio profesional del farmacéutico inherente al medicamento, su seguimiento y adherencia». Por ello, apelan «a los Grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid a construir un diálogo en positivo que lleve al máximo consenso político y a la aprobación del proyecto de ley, que mejorará, sin duda, la vida de los ciudadanos en general, de los pacientes en particular».