El director Jurídico de Hefame, Julián Pérez-Templado, considera que “sería necesario flexibilizar las normas que regulan la profesión farmacéutica con el fin de permitir que las farmacias ofrecieran más servicios asistenciales, tal como ellas demandan", durante su intervención en la mesa ‘Desafíos actuales de la cadena de distribución farmacéutica’ que se celebró en el III Congreso de Derecho Farmacéutico organizado por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).
En el encuentro diferentes expertos del sector farmacéutico realizaron un análisis del sector, exponiendo su visión y las demandas que deberían ser introducidas en las futuras normas que regulan las actividades farmacéuticas y de la distribución.
En este sentido, Pérez-Templado añadió que “teniendo en cuenta que la farmacia es el primer centro sanitario al que se dirigen la mayoría de los pacientes y que los profesionales sanitarios están altamente cualificados, las farmacias podrían ocuparse de atender síntomas menores, prevención, cribados de enfermedades, etc, y aliviar la presión que actualmente soportan los servicios públicos de salud”.
Movimientos y fusiones
Para el director jurídico de Hefame, los cambios que está viviendo el sector en España y en Europa y el progresivo avance de un proceso de concentración están dibujando "un escenario en el que hay cada vez más cooperativas de gran tamaño que concentran mayores cuotas de mercado”. Esta situación, según explicó, está dando lugar a movimientos y fusiones entre cooperativas que están generando una intensa actividad también en el ámbito jurídico dentro del sector.
El directivo se refirió a la Guía de Buenas Prácticas de la Distribución, y puso sobre la mesa el enorme esfuerzo humano y económico que está suponiendo para los mayoristas la adaptación a los preceptos de este documento, lo que, tal como apuntó, “puede afectar a la rentabilidad de la actividad y llegar a comprometer el futuro de los operadores más débiles”.
El máximo responsable del área Jurídica de Hefame se refirió, por último, a la posibilidad de que la gestión de los precios notificados "debería asegurar la protección de la información del paciente y mantener las garantías de acceso a los medicamentos para el conjunto de la población.
