Según fuentes cercanas al Gobierno recogidas por el diario Expansión «los avales a la deuda de las autonomías están encima de la mesa del ejecutivo», aunque señalan que no hay nada cerrado todavía. El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo ayer que el Gobierno abrirá una línea de crédito ICO para pagar a proveedores que intervendrá las comunidades autónomas que no puedan financiarse y que sancionará a aquellas que no cumplan los objetivos de déficit.
Esas fuentes cercanas al Gobierno, en la misma línea que ha venido demandando FEFE, consideran que «el Estado está abocado a garantizar la financiación de las autonomías por una simple regla de tres: la Administración central tiene la "obligación legal" de sostener los servicios públicos como la Sanidad o la Educación si las administraciones regionales no pueden, por lo que el Estado también estaría obligado a rescatar a las comunidades con problemas para cubrir los vencimientos de deuda».
La mejor solución
Para solucionar el problema de los impagos a las oficinas de farmacia –más de 2.000 millones de euros en este momento- y garantizar así la prestación farmacéutica, la FEFE siempre ha entendido, y así lo planteó en los recursos presentados en 2011, que era necesaria la intervención del Gobierno.
El presidente de FEFE, Fernando Redondo, mostró ayer su satisfacción y aplaudió la sensibilidad del nuevo Gobierno ante los problemas de financiación de servicios esenciales por parte de las comunidades autónomas. «Está claro –dijo– que era la mejor solución. Y nadie dudará de que hemos trabajado incansablemente en esa dirección. Porque necesitamos, y lo necesitamos ya, el amparo y el aval del Estado para garantizar el acceso de los pacientes a sus tratamientos. Y siendo esto lo más importante, no podemos obviar que se resolvería así la grave situación económica por la que atraviesan muchas oficinas de farmacia en España».
Este mismo mes de enero FEFE había presentado un nuevo recurso solicitando el aval y en parecidos términos se expresó también la Asociación del Defensor del Paciente. En ambos casos se reclamaba al Consejo de Ministros el cumplimiento de su obligación de garantizar en todo el territorio español la igualdad de los usuarios en el acceso a la dispensación de medicinas. Petición que se consideraba justificada «ante el impago por numerosas comunidades autónomas de los medicamentos y productos farmacéuticos que las oficinas de farmacia dispensan, de forma total o parcialmente gratuita a los pacientes con cargo a la Seguridad Social y al Sistema Nacional de Salud, y frente aldesabastecimiento de medicamentos y productos farmacéuticos que se está produciendo, especialmente en las zonas urbanas o ruralesde residencia de personas con menor poder adquisitivo».