El informe sobre el Decreto Ley 2/2013 concluye que «incurre en flagrante vicio de inconstitucionalidad mediata o indirecta por su infracción de los artículos 149.16 de la Constitución (Bases Generales de Sanidad) y 149.18 (Sistema General de Contratación Administrativa) en relación con la Ley 29/2006 de Garantías, Ley 16/2003 de Cohesión y Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Además, en la medida en la que no existen razones de urgencia que justifiquen la utilización del Decreto Ley, se infringe también la Constitución por la utilización de dicho mecanismo excepcional».
FEFE anuncia que hoy mismo ha hecho llegar el informe jurídico al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y espera que el Gobierno central, como en otras ocasiones en las que las comunidades autónomas han tomado decisiones que no corresponden a sus competencias, tome las medidas necesarias para frenar la aplicación del decreto ley valenciano.
Igualmente, FEFE ha anunciado que enviará dicho informe a los portavoces de Sanidad del Congreso y el Senado y a todos los partidos políticos y solicitará su colaboración con el fin de garantizar la prestación farmacéutica en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional y el marco competencial del estado.