Entre estas razones, Farmaindustria recuerda, en primer lugar, los riesgos de seleccionar un solo proveedor. «Como muestra la experiencia de cuatro años de subastas en Andalucía –argumenta Farmaindustria–, en muchas ocasiones los adjudicatarios no cumplen con sus obligaciones de suministro», lo que «deviene en un desabastecimiento de medicamentos que se salva recurriendo a la cobertura con fármacos de otros laboratorios que operan en ámbito nacional. Al mismo tiempo, pone de manifiesto el riesgo que se asume al confiar a una sola compañía el suministro de algo tan sensible como es el medicamento y la falta de unas cautelas que aseguren el cumplimiento íntegro de las condiciones de suministro».
Farmaindustria considera, además, que las subastas generan inequidades en el acceso a la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud (SNS) porque «cuando se prescribe por principio activo, los pacientes andaluces no tienen la posibilidad de elegir, como sí ocurre en otras autonomías, entre todos los medicamentos que se encuentran a precio más bajo. Dificultan también el acceso a su medicación habitual a muchos pacientes que se desplacen a Andalucía».
Ruptura de la unidad de mercado
A todo ello se añade, en opinión de Farmaindustria, que las subastas andaluzas «provocan una ruptura de la unidad de mercado en el seno del SNS, al excluir en la práctica durante dos años a los medicamentos que no son seleccionados». «La experiencia internacional en los pocos países donde se aplican subastas de medicamentos –prosigue la nota– muestra a medio plazo una reducción del número de competidores y una progresiva deslocalización de plantas de producción. Es por lo tanto una medida incoherente con los mensajes y compromisos políticos que se refieren a la importancia de reforzar en España las políticas industriales y la necesidad de reorientar el modelo productivo».
Farmaindustria defiende «una política farmacéutica para el conjunto del SNS y a largo plazo, coordinada por el Ministerio de Sanidad, a partir del diálogo con todas las administraciones sanitarias y siempre en el respeto de sus respectivas competencias y de las decisiones individuales de las empresas». «Así será posible –puntualiza– aplicar soluciones en el marco de la actual regulación nacional que permitan conciliar la sostenibilidad del sistema sanitario con el acceso en condiciones de calidad y equidad para los pacientes».