En la demarcación cacereña hay 290 farmacias, y el año ha empezado con 30 de ellas que tienen su viabilidad económica comprometidas (VEC). Son 6 más que en 2022. Los datos los facilitaba el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Cáceres, Juan José Hernández Rincón, quien ya ha mandado el oficio correspondiente que así lo acredita a la Consejería de Sanidad. De esa treintena de apotecas VEC, casi todas se encuentran en el entorno rural, un ámbito que en la comunidad extremeña cada vez pierde más población y más servicios, por lo que es una perniciosa pescadilla que se muerde la cola. Por lo tanto, esas boticas con muy pocos márgenes de ganancias se ajustan a la definición aceptada de lo que es una farmacia de viabilidad económica comprometida, aquellas cuya facturación pública por dispensación de recetas es inferior a los 12.500 euros mensuales y/o 235.000 euros al año. En la región son 34 en total; 30, como decimos en la provincia cacereña, y las otras 4 restantes en la pacense. Además, Hernández Rincón vaticina que alguna más abandone Extremadura para optar a los concursos que permiten asentarse en otras autonomías colindantes.
Ofertar más servicios
Al menos, en 2022 ningún pueblo extremeño se quedó sin farmacia. No pasará lo mismo este ejercicio, pues la de la localidad de Aljucén, en Badajoz, echará el cierre por jubilación de su propietaria. Para solucionar el problema de la falta de rentabilidad, Juan José Hernández Rincón plantea que las apotecas, además de dispensar medicamentos, puedan detectar problemas en los hogares de las personas mayores o prestar algún servicio de prevención de la salud a las que viven solas pero no quieren irse a una residencia. Propuestas que precisan de la colaboración de los ayuntamientos, y también de la Junta. Hernández espera que este ejercicio se llegue a algún tipo de acuerdo.