El recurso del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad perseguía la nulidad de la Resolución de 31 de marzo del director gerente del SAS que regulaba esta cuarta convocatoria por entender que «se incurre en flagrante violación de la legalidad e invade competencias estatales». Si bien, el TSJA establece que el recurso de la Abogacía del Estado no aclara las razones por las que la Junta de Andalucía incumple con la legalidad y, de hecho, establece que «la normativa analizada salvaguarda las competencias de las comunidades autónomas para adoptar medidas tendentes a racionalizar la prescripción y utilización de medicamentos y productos sanitarios».
En este sentido, el pronunciamiento del TSJA subraya que «no se establece sobre este punto una reserva a favor del Estado» e incluso insiste en que el modelo de la Junta de Andalucía responde a «la falta de medidas de homogeneización adoptadas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud».
Por tanto, para el TSJA «no cabe afirmar que la Junta de Andalucía ha obrado en extralimitación competencial, justamente porque la normativa estatal reserva a las comunidades autónomas competencias en materia de racionalización».
Selección de medicamentos
El recurso presentado por la Abogacía del Estado se dirige contra la Resolución de 31 de marzo de 2014 del director gerente del SAS que convocaba la cuarta selección pública de medicamentos, en la que se incluían 251 principios activos diferentes de 136 subgrupos farmacoterapéuticos diferentes.
Con este procedimiento, la Consejería de Salud continúa avanzando en medidas de eficiencia económica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Así, la Junta de Andalucía ha logrado un ahorro, por el momento, de 120 millones de euros.
Tal como recoge la resolución, además de la oferta económica, las empresas que participan en la convocatoria han debido acreditar que tienen capacidad para producir la cantidad requerida para dicho medicamento y su compromiso para garantizar el abastecimiento de manera que se pueda atender la demanda derivada de las prescripciones realizadas. De hecho, la capacidad de producción se ha tenido en cuenta como prioridad en caso de empate.