El decreto-ley, a juicio de patronal, colegios profesionales y sindicato farmacéutico, entra en colisión con la legalidad, pues introduce una red paralela a la de las oficinas de farmacia de distribución de medicamentos en los centros de salud, centros sociosanitarios y a domicilio. Además, se dice, rompe el acuerdo de concertación actualmente en vigor que sitúa tal potestad en manos de los colegios en exclusividad.
Respecto al primer punto, el artículo 6, en su punto primero, establece que «la Agència Valenciana de Salut seleccionará y motivará los productos farmacéuticos donde se realizará una entrega directa a los asegurados y beneficiarios del Sistema Nacional de Salud tanto en los centros sanitarios, centros sociosanitarios o su extensión al domicilio, especialmente en aquellos supuestos fomentados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para los productos que por sus características sean susceptibles de mecanismos de compra conjunta y centralizada».
Menos ambiguo es el articulado en lo referente a la política de concertación. Así, el punto segundo del artículo noveno establece que «el acuerdo marco podrá suscribirse, en modalidad colectiva o individual, con colegios farmacéuticos profesionales, entidades, instituciones y personas físicas o jurídicas a través de las que los titulares de oficina de farmacia podrán adherirse voluntariamente al acuerdo marco mediante la suscripción con la Agència Valenciana de Salut de un concierto». En el punto cuatro del mismo artículo, se anuncia que «todos los propietarios titulares de oficina de farmacia abierta al público en la Comunitat Valenciana, en las modalidades colectivas o individuales, podrán concertar en materia de prestación farmacéutica con la Agència Valenciana de Salut el acuerdo marco sobre condiciones para dicha concertación aprobado por el Consell». Pero el punto cinco va más allá y puntualiza que «no obstante el apartado anterior, la Agència Valenciana de Salut, en situaciones de urgencia o de excepcionalidad determinará las condiciones de relaciones especiales que posibilitan la concertación selectiva de un número inferior a las oficinas de farmacia abiertas al público».
Reacción del sector
La reacción del sector de la farmacia valenciana no se ha hecho esperar. La presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, María Teresa Guardiola, ha acusado al ejecutivo valenciano de tratar de «cubanizar» el modelo mediterráneo de farmacia. Colegios, patronal y sindicato libre de farmacéuticos han tachado la medida de «un castigo» del Consell por la huelga que convocaron contra los impagos. Además, consideran que no generará el ahorro que proclamaba Llombart. Para demostrarlo crearán un Observatorio de la Transparencia para vigilar su aplicación. Guardiola ha recalcado que los boticarios están dispuestos a contribuir a generar un ahorro y se ha preguntado por qué la Conselleria de Sanitat crea una red paralela en lugar de aprovechar la ya existente.
El presidente de la empresarial farmacéutica valenciana, FARVAL, Vicente Payá, ha recalcado que los farmacéuticos «no tienen por qué pagar el pato» de la falta de financiación de la Comunitat Valenciana. Payá ha señalado que este decreto les supondrá una disminución media de ventas de un 25%, y por tanto de ingresos, que en el caso de las oficinas centradas en la medicina de seguro puede llegar al 35%. Por ello, ha advertido que esta disminución de ingresos les llevará a plantearse «medidas más drásticas» con una mayor reducción de personal, con lo que «empeorará» la calidad del servicio al ciudadano.
El sector ha alertado de que el citado decreto-ley admite que haya oficinas de farmacia que no dispensen medicamentos financiados por la Seguridad Social, posibilitando que haya municipios o zonas donde los ciudadanos no puedan conseguir su medicación. A su juicio, es precisamente la desigualdad que produce este articulado lo que fue motivo de una sentencia del Tribunal Supremo contra la Ley Foral de Navarra, «del que esta ley 3/2013 es un calco», se asegura.
Por último, ante esta situación, el Colegio de Farmacéuticos de Valencia ha anunciado que intentará que se declare la inconstitucionalidad de la ley. Al presentarse por vía de urgencia, el recurso debe hacerlo el Gobierno central, 50 diputados o senadores o, en última instancia, el defensor del Pueblo. La institución colegial ha asegurado que se acudirá por este orden a dichas instituciones para que defiendan a las 2.400 farmacias de la Comunitat Valenciana ante la «indefensión total» de esta medida que rompe la trayectoria de negociación seguida hasta la fecha.