Ejercicio de irresponsabilidad
Para la FEFE las medidas aprobadas en el Interterritorial «no ofrecen ninguna solución a la falta de pago de la factura farmacéutica» y la adopción de nuevas restricciones sobre márgenes y precios sin afrontar el grave problema de financiación de las comunidades autónomas constituye «un ejercicio de irresponsabilidad». En opinión de la FEFE «la falta de capacidad económica para adquirir los medicamentos por parte de las oficinas de farmacia, debido a la deuda contraída por dichas comunidades autónomas, puede provocar problemas de desabastecimiento de ciertos medicamentos, lo que repercutiría directamente en la salud de los pacientes». En su comunicado la FEFE llega incluso a afirmar que el Gobierno pone «al borde de la quiebra a todo el sector sanitario».
La prestación farmacéutica, en riesgo
Para la SEFAC, el Ministerio y las comunidades autónomas «insisten en el error de activar medidas cortoplacistas que ponen en serio riesgo la calidad y viabilidad de la prestación farmacéutica y no resuelven los problemas estructurales de fondo del SNS». Para los representantes de los farmacéuticos comunitarios la decisión de hacer obligatoria en toda España la prescripción por principio activo y la dispensación siempre del medicamento más barato «puede repercutir negativamente en la adherencia a los tratamientos». Lamenta, asimismo, que en un Consejo Interterritorial «monográfico sobre sostenibilidad no se debatiese un aspecto clave para la misma como es asegurar el pago de recetas a las farmacias». Valora positivamente, no obstante, «el fomento de los sistemas personalizados de dosificación en las farmacias para el mejor uso de los medicamentos», aunque puntualiza que «es necesario definir los aspectos prácticos de su realización y retribución». También considera necesarias las compensaciones previstas para las farmacias de núcleos pequeños de población pero lamenta que «con esta acotación de las ayudas, Sanidad cierra los ojos a la negativa situación económica que también sufren otras farmacias ubicadas en zonas urbanas o periféricas».
Barcelona y Valencia
Jordi de Dalmases, presidente del Col•legi de Farmacèutics de Barcelona, considera que las nuevas medidas anunciadas suponen un nuevo impacto para el ya castigado sector del medicamento y «harán incrementar el número de farmacias con viabilidad económica comprometida, con riesgo de no poder subsistir» y recuerda que actualmente el 7% de las 3.065 farmacias catalanas tienen dificultades para continuar desarrollando su actividad. Para Dalmases, «la sensación es que nos utilizan una vez más como medida de urgencia, sin ninguna solidez de cara a la sostenibilidad del sistema público».
Por su parte, la presidenta del Colegio de Valencia, María Teresa Guardiola, opina que «es necesario recordar que desde hace muchos años, el coste de los medicamentos no supone un problema de financiación para el Sistema Nacional de Salud. España aún ocupa el puesto número 23 de 31 en inversión sanitaria pública per cápita y los españoles gastamos mil euros menos (alrededor de 2.300) por persona y año que países como Francia o Alemania. Por eso todavía estamos muy lejos en los estándares de calidad y esperanza de vida de otros países». «Lo que habría que plantearse –añade Guardiola–, es si en lugar de recortar la sanidad española no sería necesario aumentar el porcentaje de PIB que se destina a ella para ponernos al mismo nivel que el resto de Europa. Si le preguntamos a los ciudadanos, tengo claro cuál sería su respuesta».