El SAS reconoce así el derecho de las farmacias a recibir estas compensaciones por lucro cesante y ha puesto en marcha el proceso para proceder a los desembolsos. De hecho, se estima que los abonos se realicen en el plazo de un mes desde que se proceda a la firma del acuerdo de terminación del procedimiento. El director gerente del SAS, Miguel Moreno, ha manifestado que «la decisión tomada en 2010 de llevar al ámbito hospitalario estos medicamentos fue un error que ahora supondrá un importante desembolso para el sistema sanitario público».
La decisión fue demandada judicialmente por el sector farmacéutico y, en julio de 2016, el Tribunal Supremo se pronunció a favor de dicha demanda y consideró ilegal la resolución de 2010 que determinaba la dispensación en hospitales de cientos de medicamentos que, hasta entonces, se administraban en las oficinas de farmacia. El Alto Tribunal determinó que esta decisión no correspondía a la comunidad autónoma y que se invadían competencias estatales.