El requerimiento de Gobierno, tal como detalla el mismo diario, se fundamenta en una ley de 1986 que fija que el acceso y las prestaciones sanitarias se tienen que realizar «en condiciones de igualdad efectiva», y en una sentencia del Alto Tribunal de 2004 que establece un mínimo igualitario en todo el territorio nacional que proporcione unos «derechos comunes a todos los ciudadanos». No obstante, el Gobierno catalán sostiene que su propuesta sobre el euro por receta no entra en contradicción con ninguna de estas medidas, puesto que lo que ha establecido es un recargo en la venta de los productos farmacéuticos.
Por otra parte, Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del Partido Popular catalán (PPC), ha defendido esta mañana, en el desayuno coloquio Nueva Economía Fórum, la legitimidad del Gobierno español para impulsar el recurso pese a que en su día apoyó la medida. «Si quiere recurrirlo –ha afirmado–, el Gobierno tiene toda la legitimidad para hacerlo. Nosotros nos oponemos a que los catalanes tengan un doble copago».