Universalidad
La reforma garantiza la universalidad de la sanidad al tiempo que pone fin «a los abusos en las prestaciones sanitarias». Por primera vez en la historia se establecen controles para evitar el denominado turismo sanitario y el uso de los servicios de salud por ciudadanos extranjeros que no residan de forma legal en España. En la práctica, esto supone que ya no será suficiente con acreditar el empadronamiento para obtener la tarjeta sanitaria, tal como sucedía hasta ahora.
Para luchar contra el turismo sanitario se adapta la normativa europea que permite la libre circulación pero prohíbe explícitamente desplazarse a otro estado miembro con el único objetivo de recibir asistencia sanitaria. El hecho de no haber llevado a cabo estas modificaciones legislativas antes ha impedido, a decir de la ministra, que se pueda facturar a su país de origen la atención de unos 700.000 extranjeros al año, lo que ha ocasionado un gasto de 917 millones de euros en un solo año, de acuerdo con el Tribunal de Cuentas.
E-salud y cartera de servicios común
Ante las diferencias existentes entre las prestaciones que reciben los españoles en función de la comunidad autónoma en la que residen, la reforma aprobada sienta las bases para establecer una cartera de servicios común, que estará dividida en categorías. La cartera básica común de asistencia sanitaria incluirá los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se dispensan en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente. Todos estos servicios seguirán siendo gratuitos.
La Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones, similar al NICE británico, será la encargada de evaluar las prestaciones que se incluyen o excluyen «de una manera imparcial y objetiva».
Esta medida se complementa con la introducción de las nuevas tecnologías, la llamada E-Salud, en el sistema sanitario, lo que permitirá implantar la tarjeta sanitaria común compatible para todas las comunidades autónomas y la historia clínica digital. De este modo, se reducirán las visitas y pruebas médicas innecesarias. Este conjunto de medidas permitirá un ahorro mínimo de 700 millones de euros.
Gasto farmacéutico y cartera suplementaria
Como ya informábamos días atrás, la reforma crea un nuevo sistema de aportaciones del usuario en farmacia en el que se tiene en cuenta la renta, la condición de activo o pasivo y la condición de enfermo crónico.
Por primera vez los pensionistas pagarán un 10% del precio de las medicinas. Los que no tengan obligación de hacer la declaración de la renta (el 90% del total) aportarán un máximo de 8 euros al mes. Para los que tengan obligación de declarar, el máximo estará en 18 euros mensuales. Por su parte, los pensionistas con rentas superiores a los 100.000 euros anuales pagarán el 60% de las medicinas, pero tendrán un tope de 60 euros al mes.
Estarán exentos del copago farmacéutico los titulares de pensiones no contributivas y, por primera vez, los parados de larga duración.
En cuanto a los ciudadanos en activo, los que no tengan obligación de hacer la declaración de la renta seguirán pagando el 40% del precio de los fármacos, como hasta ahora. Los que tengan obligación de hacerla pagarán el 50% y las rentas superiores a 100.000 euros pagarán el 60%.
Este nuevo sistema, que podrá empezar a funcionar en un plazo de dos meses persigue obtener además un efecto disuasorio que evite que se acumulen y se tiren medicamentos de forma masiva.
Por otra parte, el Decreto incluye un nuevo sistema de actualización del Nomenclator de medicamentos, que sacará los fármacos obsoletos o sin eficacia terapéutica, a la vez que se incorporan otros innovadores. Asimismo, se fijarán precios de referencia y precios seleccionados para abaratar las medicinas.
Al mismo tiempo, se seguirá potenciando el uso de genéricos, y se pedirá a las compañías farmacéuticas que adecuen los envases a la duración de los tratamientos. Según el equipo ministerial, todas estas medidas supondrán un ahorro estimado de 3.550 millones de euros.
Otras medidas
La reforma también establece la creación de una Plataforma de Compras Centralizada. Este mecanismo de ahorro, que ya ha comenzado a funcionar en la compra de vacunas, se extenderá a toda la Sanidad y se aplicará tanto para medicamentos hospitalarios como para tecnología médica. Estima el Gobierno que este sistema generará un ahorro mínimo de 1.000 millones de euros, que podría llegar a 1.500 millones.
También se impulsa el desarrollo profesional del personal sanitario, y se da cumplimiento a peticiones históricas, que reclamaban facilitar la movilidad e estos profesionales entre los servicios de salud. Para ello, se elaborará un catálogo homogéneo de categorías profesionales donde se establezcan equivalencias. Un conjunto de medidas que se espera que suponga un ahorro adicional de 500 millones de euros.
Finalmente, la reforma incluye mecanismos para que el sector de la sanidad y el de los servicios sociales funcionen de manera coordinada y se aprovechen los recursos de forma ordenada. De este modo, por ejemplo, se garantizará que se recibe la atención adecuada en una residencia de mayores cuando no es necesario el uso de una cama hospitalaria. Con este sistema el Ministerio prevé ahorrar en torno a 600 millones de euros.