La convocatoria contó con una respuesta significativa del sector, como supuso el hecho de que, en apoyo de las farmacias valencianas, la empresarial FEFE hubiera convocado para la mañana de ese mismo día su Asamblea General en Valencia y que su junta directiva, con su presidente Fernando Redondo al frente, se personara en dicha mesa. Cabe citar también, entre otros asistentes, a los presidentes de los colegios de farmacéuticos de Lugo, Ana Prieto, y de Sevilla, Manuel Pérez.
A lo largo del acto se puso de manifiesto que la norma aprobada se utilizaba como amenaza al sector, al tiempo que se había utilizado la forma del Decreto Ley para imponer las medidas, pues sólo puede ser recurrido ante el Tribunal Constitucional.
Una farmacia unida
En su intervención de apertura de la mesa, María Teresa Guardiola, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Valencia y del Consejo Autonómico de Colegios, calificó de injusto e innecesario el Decreto Ley, y recordó que llegaba cuando el problema de los impagos estaba en vías de solución. Guardiola también opinó que con este decreto ley se pretendía generar la desunión entre los farmacéuticos en un momento en que están más unidos que nunca, como, según recordó, se había puesto de relieve a lo largo de las reclamaciones de los pagos por los medicamentos dispensados con recetas del Seguro.
Guardiola también afirmó que se actúa sobre Valencia porque se ha convertido en modelo de referencia, como, en su día, también se había demostrado con su decisión de sacar adelante una proposición de Ley de Iniciativa Popular (la ya conocida LIP), así como en su personación en Bruselas en defensa del modelo mediterráneo de farmacia. Con todo, María Teresa Guardiola se pronunció a favor de convivir con un decreto que calificó de ilegal, al tiempo que, en paralelo, se abre la vía de negociación para un nuevo concierto. Puntualizó, no obstante, que con una serie de líneas rojas bien definidas: el pago de la deuda pendiente, la negociación de un concierto para todas las farmacias, la negativa al suministro a domicilio y el rechazo a la dispensación de medicamentos en centros de salud.
Mesa redonda
Los participantes en la mesa redonda para el análisis jurídico del Decreto ley 2/2013 fueron Miguel Mancebo Monge, farmacéutico y abogado; José Marí, abogado del Estado; Rafael Ariño, profesor de Derecho Administrativo; José Antonio García Trevijano, profesor de Derecho Administrativo y letrado del Consejo de Estado; y Juan Rodríguez Cárcamo, abogado del Estado. Con carácter general, y dado que se insistió sobre la posible inconstitucionalidad de la norma, sí se advirtió que la misma era una especie de amenaza a fin de que, en la negociación del nuevo concierto, se aceptaran las condiciones impuestas por la Administración pues, de acuerdo con el texto legal, podría actuar de otra manera.
José Marí consideró que el Decreto Ley tiene graves inconsistencias y que su objetivo es romper la unidad de los farmacéuticos tratando de romper el régimen único de concertación con las farmacias, pese a que éste supone una garantía para los pacientes. A su juicio, se quiebra el principio de igualdad en el acceso a la asistencia, al tiempo que se otorga una facultad omnímoda a un persona (no se sabe quién) para decir con quién se concierta o no.
Sobre el aspecto de la constitucionalidad, José A. García Trevijano advirtió que el legislador tiene de su lado el que la Constitución no establece un modelo de farmacia y, por tanto, cuenta con margen para cambiarlo. De todos modos, recordó que la norma valenciana sí colisiona en algunos de sus contenidos (como la distribución domiciliaria) con la normativa estatal básica, y puntualizó que sorprende que, a través del Decreto Ley, se pretenda actuar sobre el precio de los fármacos cuando el concierto lo único que regula es cómo el farmacéutico va a recuperar lo que ha adelantado a la Administración al dispensar medicamentos con cargo a fondos públicos. Según García Trevijano resulta llamativo que el Decreto Ley ofrezca mecanismos para la desaparición de los conciertos.
Rafael Ariño fue el más contundente en manifestarse sobre la inconstitucionalidad de la norma, al considerar que empeora la asistencia, pues se supone que la labor del legislador autonómico se constriñe a la mejora de lo establecido con carácter general. Y para Ariño ni los algoritmos que delimitan la prescripción, ni la dispensación domiciliaria, ni la concertación individual mejoran la situación del paciente, sino que la empeoran.
Desde otro punto de vista, Juan Rodríguez Cárcamo, que también se refirió a la concertación individual como indeseable, se pronunció por la vía jurídica contra algunos de los contenidos de la norma, con especial referencia a la entrega directa de productos farmacéuticos, pues, en su opinión, no se cumplía con la legislación general en tal aspecto. Dado que existe una normativa anterior sobre la concertación individual de las farmacias, la de Navarra, el jurista puso de manifiesto que, de momento, no se había aplicado y que, además, se encuentra en el Tribunal Constitucional.
Finalmente, para Miguel Mancebo Monge, el Decreto Ley contraviene la legislación exclusiva del Estado, aunque para su aplicación deberá esperarse a su desarrollo.