Asimismo, la corporación farmacéutica lamenta profundamente que el modelo de subasta propuesto solo atienda a objetivos de ingeniería financiera energética, y no a las necesidades sanitarias reales de los ciudadanos. Es importante dar valor al medicamento como un bien social y no como un producto de consumo. En este sentido, Jesús Aguilar ha manifestado que «que esos efectos, que a priori no se ven, acabarán deteriorando la prestación farmacéutica que reciben los ciudadanos. Subasta y salud es un binomio difícil de entender para nuestros pacientes y nuestros mayores con enfermedades crónicas. Ningún paciente entendería, ni aceptaría, que su medicación dependa del mejor postor en cada momento, porque la salud y los tratamientos farmacológicos no pueden depender del código postal de los pacientes».
Por otra parte, el Consejo General denuncia que el informe no estima con ninguna precisión el ahorro económico y extrapola datos de una autonomía concreta al conjunto del Estado. Asimismo, recuerda que en la actualidad el 48% de los medicamentos que no están disponibles en las farmacias son fármacos incluidos en las subastas andaluzas, única comunidad en la que se ha aplicado y que ha anunciado su retirada por la complejidad y los problemas provocados.
En sentido Aguilar ha señalado que «no existe ningún país europeo en el que se cambie al paciente constantemente su medicamento, hecho que va en contra de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de reducir el problema de la falta de adherencia a los tratamientos, una de las prioridades sanitarias globales. Solo el 50% en los pacientes crónicos cumple con sus tratamientos, dato que se agravaría con medidas como estas. Este es uno de los efectos, que a priori no se ve, pero que acabarán deteriorando la prestación farmacéutica que reciben los pacientes».
Por otra parte, en cuanto al desarrollo de servicios asistenciales por el farmacéutico, que menciona AIReF, el Consejo General cree que supone un avance en el reconocimiento de la Farmacia Asistencial, si bien no podría paliar el efecto negativo del resto de medidas.
Del conjunto de iniciativas propuestas, el Consejo General comparte la necesaria supresión de la deducción del 7,5% aplicada a los medicamentos innovadores, medida que se impuso en un contexto de crisis económica, ya superado. Una reivindicación de esta organización, pues se aplica a todas las farmacias, con independencia de su tamaño.
El Consejo General reclama a las administraciones objetividad y profundidad a la hora de valorar el impacto social y sanitario de las medidas propuestas por AIReF, teniendo en cuenta la realidad plural de la farmacia en las diferentes autonomías. Además, recuerda que el medicamento a través de receta –representando solo el 17% del gasto sanitario total– ha sido el origen del 49% de todos los ahorros generados en el sector sanitario en su conjunto: un total de 20.800 millones de euros entre 2009 y 2018.