Del mismo modo sostienen en su recurso de alzada que la «subasta de fármacos atenta contra la libre concurrencia y competencia al limitar la posibilidad de licitación para laboratorios que tengan una capacidad de producción limitada y propicia, no se justifica la forma en que se determina el número de presentaciones a seleccionar en cada uno de los medicamentos y vulnera el principio constitucional de igualdad en el Anexo I sobre el ámbito de dispensación de cada presentación seleccionada». Por todo ello, ha pedido la «suspensión» de la ejecución de dicha resolución.
Hay que recordar que también la CEOFA, AESEG y Farmaindustria han recurrido la medida La consejera de Salud de la Junta, María José Montero, en declaraciones a la prensa se ha mostrado «convencida de que el Gobierno central no atenderá el requerimiento elevado por la patronal de la industria farmacéutica para que el Ejecutivo interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley andaluz que permite la subasta de medicamentos. La verdad, no creo que se atrevan a presentar un recurso de inconstitucionalidad con el precedente gallego», dijo. Aunque no ha dudado en advertir que «presentaremos batalla» en el caso de que el Ministerio elevase dicho recurso.