La Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC) considera positivo que varias comunidades autónomas hayan decidido dar un paso adelante para contar con las farmacias comunitarias y sus profesionales en la lucha contra la pandemia de COVID-19 con su participación en programas para la detección precoz del SARS-CoV-2 mediante test de antígenos.
No obstante, puntualiza que existe mucha disparidad entre las distintas iniciativas autonómicas, ya que cuentan con planteamientos muy diferentes en muchos casos. Ante este escenario, y de acuerdo con los principios que inspiran el anteproyecto de ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, SEFAC quiere manifestar que sería deseable una mayor homogeneidad en las distintas iniciativas en las que se quiere contar con la colaboración de las farmacias comunitarias en la detección de COVID-19 mediante los test de antígenos para beneficiar así al conjunto de los ciudadanos. Por ello considera que se deberían cumplir tres requisitos fundamentales que serían los siguientes:
- Es imprescindible que estos programas se lleven a cabo en el marco de una colaboración con las autoridades sanitarias: de este modo se garantiza que la notificación y certificación de los resultados permita el control epidemiológico de los distintos casos, su seguimiento y trazabilidad.
- Es necesario que los farmacéuticos participantes dispongan y apliquen protocolos para garantizar que los test se realizan correctamente, son usados por personas que los necesitan y los resultados son válidos. En este sentido, SEFAC considera que los programas deben permitir que el farmacéutico comunitario no solo supervise, sino que también pueda realizar el test a todas aquellas personas que se lo soliciten, pues en muchos casos hay dudas y desconocimiento sobre cómo se debe hacer la prueba. SEFAC lamenta que haya algunas iniciativas que solo usan la figura del farmacéutico comunitario como un agente administrativo para la comunicación de resultados (fundamentalmente para agilizar la tramitación de bajas laborales) y no como un profesional que realiza una labor asistencial de utilidad para el paciente y la población. Para SEFAC este enfoque es incomprensible e ineficiente para la atención farmacéutica que recibe la población.
- El servicio que se presta, que va mucho más allá de dispensar el test, debe ser sostenible en el tiempo, de modo que el farmacéutico comunitario pueda mantener esta prestación de manera continuada. La utilización de EPI, el tiempo destinado, la notificación de resultados y la generación de certificados e informes conllevan un gasto en recursos propios de la farmacia y deben ser financiados. En caso de no estar concertada la financiación de un servicio farmacéutico por la Administración mediante convenio o incluida cuando haya una prescripción del test, la farmacia comunitaria tiene derecho a ser retribuida por la prestación del servicio, siempre previa información al paciente del importe de la misma y tras recabar de este último su consentimiento informado.
Para SEFAC, cualquier iniciativa que no cumpla con estos criterios no alcanzará los objetivos de ayudar a frenar la pandemia y mejorar la atención de la población y solo serán una nueva oportunidad perdida. En estos momentos, según la SEFAC, los modelos aplicados en Cataluña y Aragón serían los que más se ajustan a estos requisitos.
