En concreto, estos colectivos manifiestan y reclaman lo siguiente:
• Participación en la toma de decisiones, ya que según afirman, «el actual escenario de reconstrucción social y sanitaria, tras más de un año de pandemia, hace necesaria y urgente una mayor participación de los consejos generales y los colegios en la toma de decisiones que afectan a las profesiones en particular y al sistema sanitario en general».
• Mecanismos de consulta articulados. De hecho, piden a las administraciones estatales y autonómicas «un mayor compromiso y la apertura de nuevas vías de diálogo permanente para revertir la situación del último año», en la que aseguran que han permanecido «al margen de la gestión de la pandemia sin mecanismos de consulta para favorecer el intercambio de conocimiento y experiencia».
• Evitar desigualdades entre comunidades autónomas. Por ello, se comprometen a «construir un mundo más justo y saludable» en el desarrollo de su ejercicio profesional, por lo que instan a las autoridades sanitarias a que garanticen «la equidad y la cohesión dentro del Sistema Nacional de Salud, y eviten desigualdades entre la población en el acceso a los servicios sanitarios, asegurando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en las estrategias preventivas y asistenciales».
• Atención primaria. En particular, las profesiones sanitarias reclaman «el urgente desarrollo e implementación del marco estratégico para la atención primaria y comunitaria, aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como vía para comenzar a reforzar los recursos de la atención primaria como pilar esencial del Sistema Nacional de Salud».
• Atención sociosanitaria. En este sentido, piden la puesta en marcha de «una verdadera continuidad asistencial sociosanitaria, mediante el refuerzo de mecanismos de coordinación entre atención primaria, hospitalaria, dispositivos de urgencia, salud pública, servicios sociales y centros residenciales para garantizar la continuidad efectiva de cuidados integrales e integrados».
• Salud pública. Por último, también reclaman «el desarrollo de la Ley General de Salud Pública (2011) y el aumento de recursos en torno a la prevención, así como el empleo de todos los recursos profesionales y asistenciales disponibles».
Por todo ello, añaden que «es el momento de impulsar un nuevo pacto de estado por la sanidad en el que estemos representadas todas las profesiones sanitarias que implique de verdad a la sociedad civil en la reconstrucción».