Estas son las diez recomendaciones del Estudio sobre el mercado de distribución minorista de medicamentos en España elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dado a conocer ayer y con el que Competencia ha vuelto a poner en su punto de mira a la farmacia.
Competencia asegura que es plenamente consciente de «la necesaria protección del interés público, inherente a la regulación de este mercado, en lo que se refiere a la seguridad y acceso a los medicamentos», pero considera que «la regulación actual de las oficinas de farmacia en España impone restricciones de acceso y de ejercicio de la actividad de la distribución minorista de medicamentos» que «tienen impacto negativo sobre la competencia y, en consecuencia, perjudican a los pacientes como consumidores de estos productos, incrementan el coste de aprovisionamiento del sector público y reducen el bienestar general».
En su estudio la CNMC afirma que «ha constatado que el modelo de acceso al mercado adoptado en todas las Comunidades Autónomas, a excepción de Navarra, que establece el número máximo autorizado de oficinas de farmacia por módulos de población, está limitando la apertura de farmacias e impidiendo la existencia de competencia en muchos municipios», y añade que «este modelo no es necesario para garantizar una adecuada asistencia farmacéutica a la población».
Comunicado del Consejo General de Farmacéuticos
La reacción del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos no se ha hecho esperar, y aunque está pendiente de un estudio pormenorizado del informe, ya ha emitido un comunicado en el que recuerda que «los modelos regulados de Farmacia –como el español– han sido ya analizados y motivo de varias sentencias por el Tribunal Europeo de Justicia, en las que se ha establecido que dicha regulación no es contraria al Derecho de la Unión Europea y está justificada al ser beneficiosa para los ciudadanos y el sistema nacional de salud».
Señala, asimismo, que «en España tanto la Administración central como las Comunidades Autónomas –de todo signo– han afianzado un modelo de Farmacia que garantiza el acceso a la prestación farmacéutica en condiciones de igualdad efectiva, calidad, equidad y cohesión para todos los ciudadanos en todo el territorio del Estado sea cual sea su comunidad de residencia; y que cuenta con el consenso político y social».
Desde el Consejo General también se puntualiza que «esta regulación permite, entre otros, que el 99% de la población disponga de una farmacia en su lugar de residencia o que sea uno de los países de Europa en el que más farmacias se abren cada año, mientras en otros países se han cerrado».
Apoyo del Ministerio
Igualmente, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se ha apresurado a hacer pública una nota en la que «reitera su firme compromiso con el modelo español de farmacia», un modelo que, dice, «ha garantizado la profesionalidad del servicio farmacéutico y una atención farmacéutica de calidad al servicio del paciente por encima de otros intereses», por lo que lo considera «el más apropiado para garantizar la protección de la salud por encima de cualquier otro interés».
Sanidad considera que prácticas como las que propone el CNMC –abrir la dispensación de medicamentos a comercios ajenos a la farmacia, liberalizar la venta por internet y supresión de la obligatoriedad de la colegiación– «pondrían en riesgo la salud de los ciudadanos, al no estar garantizada la asistencia profesional, además de fomentar prácticas fraudulentas, como la venta de medicamentos falsificados». Por ello, Sanidad asegura que «defenderá el modelo actual ante cualquier propuesta en este sentido».