Asimismo, establecerá procedimientos para evitar demoras en los pagos y asegurar el cumplimiento de este plazo, incluyendo la posibilidad de cobro directo a través de una entidad de crédito.
El nuevo plazo de 20 días también será aplicable al abono de becas y ayudas al estudio, así como al de medicamentos a las oficinas de farmacia y a las compensaciones económicas por la asistencia jurídica gratuita. La norma también fija, por vez primera, un periodo máximo de 45 días para la percepción de subvenciones destinadas a las prestaciones fundamentales de salud, educación y servicios sociales.
La norma aprobada especifica que, en el sector de la salud, se atenderá el pago en 20 días a las facturas de servicios asistenciales, conciertos (como los de transporte en ambulancia, diálisis o rehabilitación) y aquellas partidas necesarias para el funcionamiento de los centros sanitarios y hospitales (agua, gas, limpieza, lavandería, productos alimenticios y por prestaciones farmacéuticas y complementarias, entre otras).
Con el fin de garantizar los tiempos de pago y evitar demoras, la norma aprobada especifica la agilización de los procedimientos de gestión, fiscalización y contabilización de las facturas. Para evitar demoras involuntarias, el sistema enviará alertas de forma automática a los órganos encargados de reconocer las obligaciones y de pagar a los proveedores (consejerías y agencias) cuando tengan facturas próximas a vencimiento.
Asimismo se crea la Oficina de Atención a Personas Acreedoras, una sede electrónica donde los interesados podrán acceder a la información sobre el estado de tramitación de sus facturas y obtener un certificado que acredite la deuda vencida en el caso de reclamación por demora. En estas situaciones, el proveedor recibirá contestación en siete días hábiles indicándole la fecha prevista para el abono de la factura. Si dicho plazo no existiese, se le reconocerá el derecho de garantía para el cobro directo a ejercitar en una entidad de crédito colaboradora. Las personas que mantengan deudas en periodo ejecutivo con la Junta no tendrán acceso al sistema hasta que no estén al corriente de sus obligaciones con la Hacienda pública.