En concreto, los laboratorios que sí procedieron a oficializar sus contratos de suministro de fármacos en este primer concurso público que ha abierto Andalucía fueron Industria Química y Farmacéutica Vir, Medinsa Laboratorios Medicamentos Internacionales, Uxafarma S.A. y Aurobindo. De esta forma, se habrían caído de la firma por «presiones del Ministerio de Sanidad y del PP», según lo denunciado por la misma Montero, las compañías farmacéuticas Ranbaxy S.L., UCB Pharma, Nycomed Pharma, Janssen Cilag, Bayer Hispania, Abbott y Sanofi Aventis.
De las compañías que sí han firmado sus contratos de adjudicación, Industria Química y Farmacéutica Vir resultó seleccionada para el suministro de omeprazoles y estatinas contra el colesterol en sangre (lovastatina, pravastatina sodica y simvastatina); Medinsa Laboratorios Medicamentos Internacionales para el suministro de omeprazol; Uxafarma S.A. para suministrar simvastatina; y la compañía Aurobindo S.L. para suministrar también la estatina simvastatina.
Montero ya ha anunciado que su departamento está estudiando acciones legales contra los laboratorios que finalmente no han firmado los contratos de adjudicación que la Administración les concedió el pasado lunes mediante concurso público. «El jueves notificaron que no iban a firmar estos contratos por las presiones que les ha ejercido el mismo Ministerio de Sanidad», señaló la consejera, quien explicó que la «amenaza» consistía en «una bajada del precio de medicamentos que están autorizados por el Ministerio para toda España» si firmaban los contratos con la Junta de Andalucía.
La titular de Salud, que apuntó al PP como el partido que «está detrás de esta maniobra» y acusó a los populares de «defender los intereses de la industria farmacéutica frente a los intereses de los andaluces», precisó que «en el tren Avant Sevilla-Córdoba-Málaga que salió el jueves a las 17,55 horas, dos destacados dirigentes del sector sanitario del PP de Andalucía estuvieron haciendo gestiones a propósito de este tema». La consejera de Salud consideró «extremadamente grave que el PP, una vez más, desarrolle actuaciones que no hagan posible la firma de contratos y pongan en marcha otras medidas que repercuten en el bolsillo de los ciudadanos».
«Esto significa que estaban haciendo lo posible por que el viernes no se firmaran los contratos que se adjudicaron el lunes, por lo que estamos estudiando legalmente el tema para poner los hechos en manos de la Fiscalía», anunció Montero, para quien «queda bastante claro y palmario que las presiones que hace el PP para perjudicar los intereses de Andalucía llegan a unos extremos que me parecen extremadamente graves».